Corrupción

E stamos viviendo con resignación la fase judicial más abultada y espectacular de un periodo de intensa corrupción política que, supuestamente, ha concluido. Los partidos que han gobernado en los últimos tiempos nos aseguran que se han tomado ya todas las cautelas precisas para garantizar que ha acabado esta lacra insoportable que tanto ha dañado el crédito de las instituciones y del propio sistema, partidos incluidos. Y los partidos nuevos han impuesto condiciones que los viejos han aceptado casi sin rechistar. Diríase que el asunto está resuelto.

Y no es así en absoluto. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) ha rechazado de plano la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial realizada por Gallardón en 2013, y que tan solo obtuvo el apoyo del PP (y la crítica de las demás formaciones, que la acusaron de parcial y sectaria). En 2014, aquel grupo dictó once recomendaciones, de las que no se han cumplido las más importantes. En concreto, España no ha logrado demostrar la efectiva independencia del CGPJ elegido con los nuevos criterios, que mantienen la elección de sus veinte miembros por el Congreso y el Senado mediante mayorías cualificadas que admiten el sistema de cupos, por el cual las dos principales formaciones se confabulan para situar en el consejo de jueces de su plena confianza política (el hoy presidente del CGPJ ha sido director general del gobierno de Aznar); además, la reforma establece que las designaciones judiciales del consejo, que antes se realizaban por mayoría de tres quintos, ahora se efectúan por mayoría simple. La lista de incumplimientos y creencias es muy larga, y su lectura exhaustiva nos lleva a la conclusión de que queda mucho por hacer hasta que el poder judicial consiga desvincularse del poder exorbitante del gobierno de turno. Es bien conocido que una de las amenazas de la democracia estriba en la posible prepotencia del Ejecutivo, que logre imponerse y amordazar a los otros dos poderes. Instintivamente, el poder político del gobierno tiende a reducir en lo posible el ascendiente judicial, que puede controlarlo. Y en nuestro país, sigue habiendo una insana relación entre justicia y política que no es ni mucho menos una invención: se nos reprocha desde el corazón de Europa. Y ello debería precipitar una preocupación y un interés que no se advierte por parte alguna en la política española.