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fuego amigo ernesto escapa
León

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T ocar asuntos de manejo funcionarial nos devuelve, siglos después, a la España batueca de Larra, cuando creíamos haber dejado atrás la postración del sometimiento. Porque la España que acumula santos, puentes, moscosos y demás mandingas para conseguir trabajar apenas doscientos días al año, sabe mejor que nadie mirar para otro lado cada vez que alguien incomoda su sesteo. Lo he podido apreciar estos días, después de remover la estrafalaria situación de la arenera de mi pueblo, cuyos incumplimientos legales compiten con la desidia de quienes figuran obligados por su función pública a poner remedio a estos disparates. Porque contrastar la escabrosa situación de la arenera de Carrocera con las cautelas establecidas en su autorización, es para tirarse de los pelos.

Claro que las tragaderas de los empleados públicos pueden ampliarse hasta donde su moral lo permita. Lo que no pueden avalar en ningún caso es el atropello a la normativa vigente. Y menos aún, descargar responsabilidades en la Junta Vecinal, que es lo que viene ocurriendo en el conflicto planteado por la arenera de mi pueblo. Primero, pidiendo a la presidenta el plano histórico del Valle Grande, para comprobar cómo la actuación de la empresa Calderón Obras y Servicios mutiló el camino público de acceso, contraviniendo expresamente la exigencia de «mantener la servidumbre de paso y evitar ocupaciones que dificulten el tránsito o funcionalidad».

Tampoco están vallados los pozos, donde en verano se bañan los críos con grave peligro, por su profundidad y desnivel. La denuncia de la Junta Vecinal ante el puesto de la guardia civil, después de cansarse de hacerlo ante la delegación, tampoco surtió efecto, a pesar de contar la autorización con un ramillete de implicados que abarca una docena de secciones de la Junta, comisión de Patrimonio, Diputación, Subdelegación del gobierno, sindicatos, Cámara de comercio, Ecologistas en acción y Confederación hidrográfica del Duero. Todos advertidos, pero mirando cautelosamente para otro lado, no vaya a pasar algo que les altere la siesta. De hecho, el ingeniero Santamaría de Medio Ambiente, responsable de la zona, tuvo la osadía de invitar a la presidenta de mi pueblo a presentar denuncia ante el juzgado, ignorando que es él quien debe hacerlo, cuando una actuación vulnera la legalidad de forma tan grosera.

Semejante proceder obliga a sospechar que quizá no se exigió la obligada fianza económica y garantías suficientes para el cumplimiento del Plan de Restauración. De lo contrario, no se entiende que una vez cesada la actividad, siga sin presentarse ante la delegación territorial el preceptivo plan de actuación que tiene que ser aprobado y puesto en marcha para reparar los graves daños cometidos.

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