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León

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El campo parece condenado a vivir unos tiempos ‘legales’ que difícilmente serían admisibles en otros ámbitos de la vida. Las instituciones tienen un mal muy extendido que las lleva a tramitar y sobre todo a pagar con un retraso que acaba teniendo consecuencias, como se pudo comprobar durante la pasada crisis, en la que cientos de empresas y de pequeños autónomos se vieron literalmente asfixiados por esa falta de diligencia. El problema es singularmente llamativo en la agricultura y en la ganadería. Los pagos llegan siempre con meses e incluso en ocasiones con años de desfase. Quizás alguien desde un despacho pueda pensar que es algo anecdótico pero la realidad es que esa falta de diligencia condena a los productores a contratar servicios de crédito, lo que lastra sus rendimientos y sus posibilidades de reinversión. Ahora salen publicadas las bonificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por los daños de las inundaciones de la primavera de 2016. Llegan además con la sorpresa de que se excluyen 25 municipios. Y aunque generan un alivio en las cuentas de muchos productores, lo cierto es que desde que se produjo la catástrofe por el exceso de lluvia ha pasado demasiado tiempo sin soluciones eficaces. Tanto, tanto tiempo, que ahora ya incluso claman por el agua al agostarse sus cultivos por la sequía.

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