Mayor protección frente a los fraudes con daños al ahorro o a trabajadores
La Memoria de la Fiscalía General del Estado aporta con frecuencia aspectos importantes sobre cuál es la realidad que está viviendo en el mundo de la Justicia. Y este año plantea la necesidad de que se actúe con mayor rigor frente a los fraudes que ocasionan perjuicios a los ahorradores o a los trabajadores. Desde la Fiscalía de León se había elevado una queja —que recoge la memoria— sobre la dificultad que supone el determinar el número real de insolvencia punibles producidas al existir varias denominaciones para las mismas en el sistema legal vigente.
Los fiscales quieren más medios y mayor diligencia para perseguir a quienes ocasionan daños, en muchas ocasiones de un alcance terrible, hacia ciudadanos que dejan en sus manos su dinero o entre quienes su puesto de trabajo depende de la actuación correcta de un patrón.
Pero también se alerta desde el Ministerio Fiscal para que no «criminalice» las conductas de personas que cometen delitos económicos precisamente porque viven acuciados por las dificultades. La memoria recoge que con los datos sobre la desenvoltura económica de las clases medias se puede considerar que los mayores efectos de la crisis ya han remitido aunque repiten su llamada de atención porque existen importantes sectores de la población que aún padecen situaciones límite y su situación de desesperanza les pueden llevar a cometer delitos en los que será importante atender a cada caso.
La acusación estatal lo tiene claro. Protección a las personas y máxima vigilancia hacia quienes abusan de ellas.