EDITORIAL | Reivindicación justa para agilizar los juzgados

La saturación judicial es ya una constante en este país, pero si hablamos del ámbito de lo social se hacen especialmente difíciles de asumir los dilatados plazos para abordar situaciones de naturaleza tan delicada como las pensiones de invalidez. No parece a priori que estemos hablando de cuestiones de una afectación masiva, como sí lo son, por ejemplo, los casos relacionados con las cláusulas suelo, por ello llama la atención que el hecho de fijar a día de hoy una vista por invalidez para octubre de 2019, a un año y medio vista, sea asumido por los propios órganos judiciales como un asunto de «relativa normalidad». Y eso contando con el ingente esfuerzo dedicado por los funcionarios de los juzgados para que estos datos no empeoren de tal manera que pasen ya a ser directamente bochornosos. Parece ser que estos parámetros están siendo evaluados en comparación con la media nacional lo que dice mucho de cuál es la situación de la justicia española. A todas luces, la reivindicación de los jueces que asumen estas labores de que se implante un cuarto Juzgado de lo Social es perfectamente coherente, pues esta es la única vía para alcanzar cifras de señalamientos que afiancen la garantía de solvencia de las resoluciones —una cuestión que se presupone—, sino también para agilizar la tramitación de los casos pendientes. Otra cuestión es que la administración estatal asuma como prioritaria una demanda que ya acumula diez años sin ser escuchada y que previsiblemente seguirá siendo un asunto pendiente durante la próxima década.