Los secesionistas catalanes contra la soberanía nacional

S in ser profeta de nada, decía en un comentario que el nuevo gobierno de la generalidad de Cataluña para ser viable debería estar inspirado en la concordia, racionalidad y, sobre todo, en el sentido común. Porque la ensoñación de la independencia, y la República Catalana, constituye un sueño perverso, espurio y engañoso que llevaría consigo todo tipo de perjuicios para el entrañable pueblo de Cataluña (ver Diario de León 12-3-2018). Quizá este último aspecto sea el pensamiento del nuevo presidente Quim Torra, lacayo del anterior presidente Puigdemont, huido de la justicia: pendiente de ser extraditado de Alemania por los supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos.

Al parecer, según las primeras declaraciones del nuevo presidente, pretende impulsar otro proceso constituyente, y retomar el hilo histórico del referéndum (ilegal) del 1 de octubre pasado; es decir declarar nuevamente la independencia y la República Catalana con su fractura social y económica. En otras palabras: abrir un nuevo ‘procés’ para conseguir y consolidar los objetivos independentistas y quebrantar la soberanía nacional. He aquí un planteamiento para subvertir el marco constitucional; un deseo más propio de los enemigos de Cataluña que el de un dirigente político y «representante del Estado» de la comunidad autonomía de Cataluña. En este contexto, los secesionistas se han instalado al margen del Estado de Derecho y de la Constitución vigente, pero utilizan con hipocresía notoria el régimen autonómico derivado de la misma Constitución y Estatuto catalán para la ruptura constitucional. Porque tanto la Comunidad de Cataluña, como la de Castilla y León, y restantes son entidades legitimadas por la Carta Magna. Y los estatutos correspondientes constituyen la «norma institucional» básica con su cuadro de competencias y atribuciones. El Estado, en consecuencia, garantiza el autogobierno, donde no cabe la irracionalidad ni la arbitrariedad para quebrantar la soberanía nacional.

Los dirigentes políticos, en su sano juicio, no deben de olvidar que España es Cataluña. Además, porque únicamente existe una nación: la española. Y así lo testimonian todas las constituciones españolas (vigentes y no vigentes), desde 1808-1978; es decir, desde el Estatuto de Bayona hasta la actual Constitución de 1978, todas las Leyes Fundamentales se refieren a «España, como única Nación». Incluso la Constitución federal de la República Española de 1873, que únicamente fue un proyecto. Generalmente, en su Título Primero, hablan «de la Nación española» (Tierno Galván: Leyes Políticas Españolas Fundamentales . Ed. Tecnos, 1979). Por eso, no tiene mucho sentido cuando se especula con el «estado plurinacional», porque es una falsedad histórica que no resiste el menor análisis. La especulación de «inventar naciones» y «conflictos territoriales», supone incitar a la ruptura de la convivencia de España, como realidad plural y diversa. Díganlo con su palabra los constitucionalistas, los grandes hombres del sentido común, y los hacedores de la historia. Es preciso aclarar que ninguna de las comunidades autónomas conllevan soberanía parlamentaria, sino autonomía, ya que son conceptos diferentes según ha reiterado el tribunal constitucional. La soberanía constituye un principio esencial del Estado, y no admite fragmentación. Porque sin soberanía no hay nación, ya que las características fundamentales son las siguientes: única, indivisible, intransmisible e imprescriptible. En nuestra Constitución, señala para ciertos ignorantes: «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que encarnan todos los poderes del Estado». Además, «se fundamenta en la unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles...» (arts. 1-2). El ‘quid’ del autogobierno no engendra soberanía. De ahí que la extralimitación de atribuciones y competencias registradas en la comunidad autónoma de Cataluña hayan chocado frontalmente con la soberanía nacional que no la ostenta el Gobierno de turno, ya que se «residencia simbólicamente» en las Cortes Generales (Congreso-Senado). Esas «formaciones batallonas» (JXC-ERC-CUP) que abarcan el secesionismo deberían saber que la soberanía no es negociable. De tal forma, que tanto los ciudadanos, como los poderes públicos, estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Pretender trocear la realidad española con «pequeñas naciones» es volver a plantear los «reinos de taifas». En este sentido, no es correcto decir: Cataluña y España (o Estado español); Galicia y España; o bien Euskadi y España, ya que no son realidades opuestas, sino integradas. Asimismo no es correcto trucar el lenguaje político: «Gobierno de Cataluña frente a Gobierno de España», o viceversa. Lo correcto es decir gobierno de la Nación (en el ámbito interior) y Gobierno de España (en el ámbito exterior).

¿Qué hacer, pues, en el supuesto «conflicto territorial»? Doctores en constitucionalismo y sentido lógico y razonable tienen la palabra. No obstante, por mi parte, me atrevo a sugerir que tal «conflicto» es una especulación ideológica que no tiene respuesta terminante en un plano teórico ni quizás pragmático, ya que la Constitución de 1978 es la clave de la organización territorial del Estado (Título VIII): municipios, provincias y comunidades autónomas.

Y para una modificación de esta estructura se necesita una reforma constitucional reglada, y posteriormente sometida a referéndum nacional. Porque nadie está por encima de las leyes con invenciones de «soberanía ficticia».

En resumen, mi deseo es que Cataluña sea solidaria en esa comunidad plural y diversa, como es el resto de España. Nadie debe olvidar que la historia de un país la hacemos todos, porque todos somos parte de la historia. Díganlo los hombres con recta razón; solo sobran los sembradores de tempestades y de odios.

Es de confiar, que si impera el sentido común, no salgan de Cataluña otras mil empresas a distintas poblaciones. Evitar la fractura social, humana y económica merece la pena. Este es el verdadero reto del nuevo gobierno. Las «provocaciones» y «especulación» siempre son estériles. Algún día surgirá una alternativa no independentista que defienda el interés general de todos los catalanes, sin sectarismos.