El conflicto de los debates evidencia déficits notables del sistema español

Televisión Española emitió ayer un debate electoral que quizá no respondió a las expectativas generadas y que curiosamente hoy se reanudará con un segundo episodio, pero en una cadena privada. De nuevo todo ha quedado al arbitrio de los partidos políticos, a su voluntad o a que la Junta Electoral tenga que poner coto a los deseos de unos y otros para buscar las situaciones que les resultan más favorables. Agendas y tiempos tan prefijados que nada tienen que ver con lo que sería útil para los ciudadanos, debates con toda su fuerza para que los ciudadanos puedan conocer realmente a los candidatos y sus propuestas.

Castilla y León aprobó en 2016 una normativa para concretar como deben realizarse ese tipo de comparecencias en la autonomía. Está fijado a través del Estatuto de Altos Cargos de la Administración que marca las fórmulas para dar estabilidad al sistema de debates. A nivel nacional urge que se pongan en marcha reformas en éste y en otros aspectos para poner al día los sistemas electorales. En plena era de internet parece poco lógico que se mantenga la prohibición de difundir sondeos electorales en los últimos días de la campaña. Y probablemente podrían estudiarse medios de elección más apropiados para hacer del Senado la verdadera cámara de representación territorial. O conseguir que los miembros de las diputaciones no se decidan por puro criterio de partitocracia.