¿Son sostenibles las pensiones mirando para otro lado?

Es de agradecer que quien publica una Tribuna sea leído y además provoque un sano debate, sobre todo en una cuestión tan delicada como son las pensiones. En las ocasiones en las que los lectores hacen algún comentario en la web de este periódico, he procurado contestar, discrepase o no. Sin embargo, por primera vez no lo he hecho. En mi Tribuna del día 10 de febrero, alguien que se escondía en el anonimato y firmaba como Manuel me deseó lo siguiente «…ojalá cuando te llegue tu jubilación te quedes sin ella y comas mierda». Pocos días después, otro Manuel publica dos Tribunas para casi punto por punto rebatir mis argumentos. A este sí le voy a contestar. Por varias razones, la más importante su corrección a la hora de aportar su punto de vista, pero también porque su particular visión del mundo se sustenta en muchas ocasiones en datos sacados de contexto, erróneos o desconociendo la realidad de los fondos de pensiones. Por cierto, algo bastante común.

En los países de nuestro entorno hay unanimidad en considerar como un problema la sostenibilidad de las pensiones y con el ánimo de no ser tachado de parcialidad me he referido exclusivamente a las advertencias de entidades prestigiosas e independientes como son el Banco de España, el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes no venden productos financieros ni están adscritos a corriente ideológica alguna. Si no ha quebrado el sistema, es porque gobiernos de distinto signo han adoptado medidas. Incluso quien pensaba que el dinero público no era de nadie o era del viento, tuvo que realizar el mayor recorte conocido hasta ahora. Recientemente la Comisión Europea ha amenazado con suspender el siguiente tramo de 10 mil millones de euros de los fondos Next Generation si no aprobamos nuevas reformas para hacerlas sostenibles. Es incontestable que la diferencia entre los ingresos por cotizaciones y los pagos por pensiones se incrementan de forma exponencial, por mucho que se enmascare la cifra al tapar el Estado parte del agujero a costa de deuda y otras partidas presupuestarias también dignas de protección. Tampoco debe hacerse una foto fija del gasto en relación al PIB, sino estudiar las proyecciones a futuro. Otros países llevan tiempo jubilando a la generación del «baby boom», ya que este fenómeno fue posterior al fin de la segunda guerra mundial, mientras que nuestro país se retrasa una década hasta que una cierta liberalización de la economía llevó a una época de fuerte crecimiento.

El art. 50 de la Constitución dispone que «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas…», precepto que, a tenor del art. 168.1, goza de menor nivel de protección que los contenidos en el Capítulo Segundo, Sección Primera del Título I (vida, libertad ideológica, inviolabilidad del domicilio, libre residencia, circulación, reunión, asociación, educación o sindicación). Se deja amplio margen a que el legislador determine qué es una pensión adecuada y cómo se actualiza. Ya dejamos constancia que en los demás países europeos, esta no se ciñe estrictamente al IPC, al tener en cuenta variables como la situación económica, el número de trabajadores activos o la expectativa de vida. Siendo la pensión un derecho incontestable, su actualización en base al IPC no lo es. Y esto no es una opinión, es la constatación del marco constitucional. Si el Gobierno congela las pensiones de quien ya las está percibiendo, extiende el periodo de cómputo o retrasa la edad de jubilación, como ya ha hecho otro del mismo signo, no puede exigirse por vía judicial como si fuese un incumplimiento de contrato. Por otra parte, contempla el art. 35 que «todos los españoles tienen el deber de trabajar…». Las pensiones están íntimamente ligadas con el trabajo, cualquier otro pago por cuestiones de necesidad, será un subsidio o una ayuda, pero no debe llamarse pensión.

En cuanto a las recetas, el crecimiento económico puede resolver una gran parte del problema y reitero que España no crece, sino rebota, siendo el único país europeo cuyo PIB está por debajo de 2019, hecho reconocido hasta por la ministra de economía. Comparar a lo Wikipedia el PIB de hoy con el de hace 20 años sin actualizar por IPC o, por decirlo técnicamente, aplicar el deflactor del PIB, no sirve para nada. No son una solución las recetas basadas en pensar que el dinero crece en lo árboles y fracasadas en Portugal o Grecia llevando a justo lo contrario, recortes de pensiones a quienes ya las percibían o congeladas hasta una década en el caso de estos últimos. No es una solución vender activos al tratarse de un recurso no recurrente y menos entender que crear empleo es añadir 2 millones de empleados públicos, cuyo coste estimado es el doble del agujero de las pensiones y serían sufragados con todavía más impuestos. Debe recordarse que la mayor parte del empleo que se ha creado en los últimos años es público y pese a ello, existe la percepción de que nunca ha funcionado tan mal, suponiendo un freno para la actividad económica. Quizá porque el marco jurídico en el que se desenvuelve es obsoleto y requiere de una modernización que pasa por mejora en la gestión, flexibilización, evitar duplicidades y sobre todo, aunque sea por respeto al dinero del contribuyente, el despido objetivo o procedente de la minoría que presente un bajo rendimiento, no se adapte a cambios razonables o se ausente de su trabajo sin justificación, como en cualquier país serio. Capítulo aparte merecen las multimillonarias pérdidas de empresas públicas, reducto de amigos del gobierno de turno, especialmente cargos directivos en Renfe, Adif o Correos. Todo ello lleva al Instituto de Estudios Económicos (IEE) a estimar que España podría ahorrar 60 mil millones en gasto público ineficiente por ser el Estado un pésimo gestor.

La presión fiscal en España ha sido hasta ahora menor que el promedio europeo, con un esfuerzo fiscal muy superior, por diversas razones: a) ostentamos el récord de desempleo con una tasa de actividad muy baja, b) la economía sumergida es también mayor, c) los sueldos medios son bajos porque tenemos una economía muy enfocada a servicios de poco valor añadido, exceso de empresas pequeñas y pocas en sectores donde los salarios son más altos y d) tenemos el IVA medio más bajo de Europa, con muchos productos o servicios gravados a tipos reducidos, como el alcohol, al 10% en un bar, comparado incluso con países más pobres que nosotros como Portugal al 19% y Grecia al 23%. Y eso sin contar el impuesto específico, que en el caso de vino tributa a tipo cero. Sí es cierto que en 2021 la recaudación por Impuesto sobre Sociedades se redujo significativamente, pero la causa no es otra que la pandemia y el confinamiento iniciado justo hace 3 años. Ello llevó a fuertes pérdidas y la consecuente reducción de la recaudación del impuesto, que tardará años en recuperarse por compensación de bases imponibles negativas, como se hace en todo el mundo. Así, a modo de ejemplo, en el ejercicio 2020, Meliá perdió 426 mn, El Corte Inglés 3.000 mn o IAG 7.000 mn (Iberia + British Airways).

Los Fondos de Pensiones no suponen una vía de elusión fiscal ni cuestan dinero a los españoles. El dinero aportado no forma parte de la base imponible del IRPF, exactamente igual que las cuotas de la seguridad social que pagan empresa y empleados, porque se trata de un salario diferido que tributa íntegramente como rendimiento del trabajo cuando se percibe como pensión, detalle que no suelen contar los bancos y que lleva a más de un susto por parte del contribuyente. Merece una Tribuna aparte explicar el escaso éxito que han tenido en España, por diversas cuestiones, mentalidad, poca competencia o baja rentabilidad por estar invertidos mayoritariamente en renta fija, especialmente en los últimos años con tipos de interés negativos, siendo practicamente imposible ganar dinero en estos activos. En el resto del mundo estas inversiones a largo plazo se realizan sobre todo en renta variable, como hace el nada especulativo fondo soberano Noruego, con 1 billón de euros bajo gestión, 2/3 en acciones y 1/3 en renta fija. O los 32 mil millones de dólares que gestiona la Universidad de Yale para poder otorgar becas.

Por último, si queremos que las pensiones públicas sean sostenibles, hace falta «un entorno favorable para negocios e inversores, un ordenamiento jurídico confiable y un sólido marco de gobierno corporativo». Así se señala en la página 3 de las 92 del folleto que presenta la multinacional Ferrovial a la CNMV y que encuentra en los Países Bajos y no en un paraíso fiscal, razón para trasladar su sede al 151 de Kingswordweg en Amsterdam. Igual que se llevó al mismo lugar una filial británica por culpa del Brexit. Igual que 4.000 empresas catalanas han mudado su sede social por el «procés». Y no los impuestos, ya que sin entrar en tediosas cuestiones técnicas, responde fundamentalmente a la naturaleza de su actividad económica en busca de financiación más barata por una menor prima de riesgo, pero seguirá tributando en España por los beneficios que se generen aquí. Si a nuestro marco legal unimos el insulto, descalificación, desaire y amenaza de castigo retroactivo o expropiación por parte del Gobierno, espoleado por su facción más ultramontana carga de razón a quien se va, reafirmando su decisión. Sin empresas no se crean puestos de trabajo y sin estos, no hay pensión que se sostenga. El Estado de Bienestar pasa por más y mejores empleos y no demonizando con nombres y apellidos a las empresas. Jugar a Robin Hood es muy peligroso y los actos tienen consecuencias, demostrando lo fácil que es deslocalizarse.