Policía Nacional y León: una decisión pendiente
He preferido esperar a que concluyeran las elecciones en Castilla y León para escribir esta tribuna, que firmo a título personal. Entremos, pues, en materia.
Hay resoluciones administrativas que pasan sin hacer ruido. Y hay otras que, aun envueltas en ese lenguaje burocrático tan dado a la filigrana, dejan al descubierto una forma poco convincente de adoptar decisiones. La primera comunicación de la Dirección General de la Policía sobre la «no ubicación» en León del nuevo Grupo de las Unidades de Intervención Policial (UIP) pertenece, sin duda, a esta segunda categoría. La DGP, a través de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), notificó a la Unión Federal de Policía (UFP) mediante un escrito oficial, fechado el 3 de marzo, que ese contingente de cincuenta agentes no se instalaría en León, como solicitaba la organización sindical en un detallado informe técnico, sino en Valladolid, ciudad que ya alberga la sede de la VII UIP y cuenta con más de un centenar de efectivos. En otras palabras: donde ya hay cien policías antidisturbios se sumarían cincuenta más. La explicación oficial en aquel momento fue tan endeble como discutible. Según la DAO, no resultaba conveniente abrir nuevas bases territoriales porque «disgregar la fuerza en núcleos de menor entidad supone una pérdida de capacidad operativa»
. El argumento podría parecer razonable si no fuera porque la propia realidad de las UIP en España lo contradice de forma evidente. Pero ocurrió que, entre tanto, a mediados de marzo asomaron las urnas. A alguien en el Gobierno y a sus interlocutores en la provincia les inquietó la negativa de Madrid y la matizaron con una nota de prensa difundida a través de la Subdelegación del Gobierno, en la que sostenían que «no se ha tomado aún ninguna decisión al respecto»
, y se remitían a los plazos. Poco antes de redactar esta tribuna, hablé con una fuente solvente del Ministerio del Interior. «Están ganando tiempo para fijar una postura definitiva. Si León quiere la UIP tiene que apretar»,
me advirtió mi contacto, fiable y bien situado, con dos bastones cruzados en las hombreras del uniforme. De ahí que resulte necesario exponer con claridad las razones que avalan la implantación del grupo de la UIP en León. Cabe recordar que varias de estas unidades de la UIP operan desde hace años con doble base geográfica: Granada y Málaga, Bilbao y Pamplona, A Coruña y Vigo, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife...
Un modelo que funciona perfectamente en distintos puntos del país. Durante décadas la provincia leonesa contó con una Compañía de Reserva General formada por 150 agentes. Sin embargo, la reorganización posterior terminó concentrando la estructura en Valladolid. Desde entonces, León quedó fuera del mapa de las unidades de intervención. Así, sorprendió que la resolución inicial, adoptada por escrito en la DAO, se dictara pese a la existencia previa de un informe técnico que acreditaba la viabilidad operativa y estratégica de ubicar el nuevo grupo en León capital o en alguna de las comisarías de la demarcación provincial. Era una propuesta profesional, elaborada con rigor y orientada exclusivamente a mejorar la eficacia del servicio. Además, pocas veces una reivindicación de este tipo ha contado con un respaldo institucional tan amplio. El Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad una moción solicitando la instalación del grupo policial en la ciudad. Desde Astorga se ofreció incluso un edificio de 1.600 metros cuadrados para albergar allí la sede de la unidad. Distintas entidades sociales, partidos, sindicatos y colectivos ciudadanos expresaron públicamente su apoyo a la propuesta. No estamos ante una disputa entre territorios. En absoluto. La verdadera causa de esta situación no es sino el afán centralizador que convierte a unas ciudades en polos de acumulación de recursos y relega a otras a un papel secundario de «periferia». Las Unidades de Intervención Policial existen precisamente para actuar con rapidez. Y en un ámbito tan extenso como Castilla y León, la mayor comunidad de España, con nueve provincias, concentrar todos los medios en un único emplazamiento no mejora la eficacia del sistema; la limita. A partir de aquí, la decisión está en manos del Gobierno. León ha planteado una demanda razonable, bien fundamentada y ampliamente respaldada. Es la hora de los hechos.