Semana Santa en León: orden en las procesiones, caos en las calles

León presume —con razón— de su historia, de su patrimonio y de sus tradiciones. Entre ellas, la Semana Santa ocupa un lugar central: no solo por su arraigo, sino por su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Es, sin duda, una de las principales cartas de presentación de la ciudad.

Por eso resulta tan difícil de entender lo que está ocurriendo en paralelo. El Entierro de Genarín, una tradición popular con casi un siglo de historia, ha ido derivando en los últimos años hacia algo muy distinto a su origen. No por el acto en sí, sino por todo lo que lo rodea. Hoy, el Jueves Santo se ha convertido, en la práctica, en un macrobotellón que colapsa el casco histórico, expulsa a vecinos, deteriora la imagen de la ciudad y genera un impacto evidente en la convivencia. Conviene dejarlo claro desde el principio: el problema no es Genarín en su esencia. El problema es el descontrol que se ha normalizado a su alrededor. Y lo más llamativo es que ese descontrol no es desconocido. Las propias autoridades lo reconocen al desplegar dispositivos especiales de seguridad que identifican zonas conflictivas y refuerzan la vigilancia durante horas. El diagnóstico existe. Lo que falta es actuar en consecuencia. Porque el contraste es evidente. Mientras las cofradías de Semana Santa cumplen escrupulosamente con recorridos autorizados, horarios definidos, dispositivos de seguridad y planes de limpieza, lo que sucede en el entorno del Entierro de Genarín responde a una lógica completamente distinta: masificación sin control, consumo masivo de alcohol desde primeras horas del día y una degradación del espacio público que ya nadie discute. La incoherencia se hace aún más evidente cuando se analizan las medidas concretas. Se aforan actos como el Encuentro del Viernes Santo en la Plaza Mayor. Se establecen controles estrictos en salidas como la de la Virgen del Mercado el Viernes de Dolores. Se delimitan espacios, se regulan accesos y se despliegan dispositivos policiales completos. Sin embargo, no se plantea siquiera aplicar ese mismo criterio en el Barrio Húmedo durante el Jueves Santo. Ni aforamiento, ni control real de accesos, ni medidas efectivas sobre el consumo de alcohol. Y aquí aparece otro punto clave. En un dispositivo de seguridad calificado como «nivel 2», con presencia de antidisturbios, refuerzo policial y control de accesos a la ciudad, no se contempla ninguna medida directa para impedir o controlar el botellón. No se habla de requisar bebidas, ni de limitar la entrada de alcohol, ni de establecer zonas reguladas de consumo. Se despliega un gran aparato disuasorio… pero se evita actuar sobre la causa del problema. Porque el origen es evidente: miles de personas acceden desde la mañana del Jueves Santo con alcohol para consumirlo en la vía pública sin control alguno. Y así, el resultado es inevitable: se gestionan las consecuencias —peleas, colapsos, conflictos— mientras el problema sigue intacto. Pero hay más. Ante la existencia de zonas conflictivas, la respuesta que empieza a plantearse no pasa por intervenir sobre ese foco, sino por adaptarse a él. Se habla de compactar o agilizar los recorridos de las procesiones para evitar esos puntos. Es decir, se ajusta lo que está organizado y regulado… mientras lo que genera el desorden permanece sin cambios. Se reorganiza la ciudad que funciona para no incomodar a la que falla. Una inversión completa del sentido común. La pregunta vuelve a ser inevitable: si se puede regular, aforar y controlar cuando hay voluntad, ¿por qué no se hace donde más falta hace? Porque, al final, la incoherencia es demasiado evidente. ¿De verdad vamos a aceptar que una procesión esté regulada al milímetro mientras un evento que congrega a miles de personas funcione sin control efectivo? ¿De verdad se exige más a quien cumple las normas que a quien convierte la ciudad en un vertedero durante horas? No se trata de prohibir. No se trata de enfrentar tradiciones. Se trata de gobernar. Y gobernar implica hacer lo que ya hacen otras ciudades españolas cuando se enfrentan a eventos multitudinarios: controlar accesos, limitar la venta de alcohol en vía pública, establecer zonas reguladas, reforzar la limpieza y garantizar la convivencia. Pamplona, Valencia, Cádiz o Sevilla lo hacen. Y no han perdido sus fiestas. Al contrario, las han protegido. Porque conviene recordar algo muy básico: el botellón no es hostelería. Quien llega con bolsas llenas de alcohol comprado fuera no genera riqueza. Genera basura. Y esa realidad, lejos de beneficiar a la ciudad, la degrada. Una ciudad que normaliza el descontrol acaba pagando un precio alto: deterioro del entorno, pérdida de calidad de vida y un modelo turístico basado en lo más bajo. León no puede permitírselo. León merece algo mejor. Merece convivencia, respeto y sentido común. Y merece, sobre todo, que se tomen decisiones. Porque defender León no es mirar hacia otro lado. Es actuar cuando el problema ya es evidente. Desde el punto de vista legal, la situación no admite demasiadas excusas. El consumo de alcohol en la vía pública fuera de los espacios autorizados está ya prohibido por la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de León, que prevé sanciones económicas para quienes incurran en estas conductas. A ello se suma la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, que habilita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a intervenir, identificar, registrar y, en su caso, requisar objetos cuando exista alteración del orden público o riesgo para la convivencia. En el ámbito autonómico, la Ley 7/2006 de Castilla y León permite establecer medidas de control en eventos multitudinarios, incluyendo limitaciones de acceso, aforos y dispositivos de seguridad. Es decir, el marco normativo no solo existe, sino que es suficiente para actuar con eficacia. Por tanto, la cuestión no es jurídica, sino de voluntad: las herramientas legales para controlar el botellón están disponibles, pero no se están utilizando en la medida necesaria.