Política, economía e intereses

DESDE QUE James Carville, asesor electoral de Clinton, espetó en 1992 a un adversario la célebre frase «Is the economy, stupid» para informarle de las razones del éxito de la campaña electoral del presidente norteamericano, todos hemos tomado cumplida conciencia del papel central de la economía en la política. Agostadas las utopías, implantado sin pudor el más prosaico pragmatismo, reducido el binomio derecha-izquierda a una cuestión de matices, la gestión del sistema económico pasó a ser ya el principal factor determinante de las preferencias electorales en unos regímenes en los que se están reduciendo drásticamente los sectores públicos y en que el sector privado, estructurado en gigantescas corporaciones, compite asimismo por el poder y la influencia. Haciendo abstracción de los elementos concretos del escándalo suscitado por la fuga de dos diputados socialistas de la Asamblea de Madrid, que ha provocado una gran crisis en el PSOE y en las instituciones madrileñas, e independientemente de que no se conocen todavía los pormenores de esta presunta o no tan presunta corrupción, todo indica que la interferencia se ha debido a la alarma de poderosos intereses urbanísticos que veían con gran inquietud la perspectiva de un cambio político. Rafael Simancas había anunciado una reforma de la Ley del Suelo para combatir la especulación y promover la vivienda protegida, así como la modificación de las tres operaciones urbanísticas en marcha en la capital, que suponen la recalificación de más de 1.000 hectáreas de suelo rústico para construir 45.000 viviendas y millones de metros cuadrados de oficinas. Si confirma la tesis de que han sido grupos de presión inmobiliarios, embarcados en cuantiosísimos negocios al alza, los que, por métodos inconfesables, han provocado el escándalo y el caos institucional que padece Madrid, habremos constatado que el sistema político ha fracasado en uno de sus principales cometidos: hacer prevalecer los intereses generales -y la voluntad popular- sobre los intereses particulares de algunos. Los partidos, en concreto, al dejarse infiltrar subrepticiamente por tales influencias perversas, habrían abierto la puerta a su propia desnaturalización. Y los ciudadanos tendríamos razones sobradas para la indignación. No es ningún secreto que la construcción, en sus distintas vertientes, ha sido -¿es todavía?- el gran foco de corrupción de este país; ni que las concejalías y consejerías de urbanismo son las que ostentan el poder real en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas; ni que la burbuja inmobiliaria que amenaza gravemente la estabilidad del sistema económico está esparciendo sospechas más o menos fundadas con gran prodigalidad en el sistema político. En estas circunstancias, caben dos opciones: o se procede al saneamiento integral del modelo representativo, mediante una racionalización de los partidos y unos controles mucho más exigentes, o se acepta la realidad tal cual es y se establecen asimismo cauces tasados de influencia de los grupos de presión. El modelo norteamericano no es perfecto pero puede servir de pauta. En el entretanto, la ciudadanía hace bien en irritarse al asistir a un espectáculo en el que, por la permisividad del sistema político, unos cuantos empresarios audaces y sin escrúpulos están haciendo su agosto la vivienda sigue subiendo a un ritmo del 18% y lesionando al mismo tiempo los equilibrios sociales -la vivienda hace tiempo que ha dejado de ser accesible para las clases medias-, y, no conformes con todo esto, algunos de ellos mediatizan y violentan la representación democrática. Aunque la invocación recuerde el inútil empeño de clamar en el desierto, hay que exigir, en fin, la eminencia de la política sobre la economía. La prevalencia de los principios democráticos sobre los intereses que, aunque legítimos cuando se plantean cabalmente, se convierten sencillamente en bastardos cuando recurren a medios ilícitos para imponerse a la comunidad.