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León

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POCAS veces un resultado político -la aprobación del proyecto de estatuto en el «Parlament» por 120 votos y 15 en contra- ha suscitado una reacción tan ambigua. Tras la euforia aparente de la mayoría de los parlamentarios catalanes -todos salvo los del PP- se percibe una seria preocupación por la aventura que acaba de emprender la comunidad autónoma catalana. En las instituciones del Estado la alegría es perfectamente descriptible: la confusión de los últimos dos años ha dado a luz un texto con notorias deficiencias, algunas esperpénticas, que no puede ser aprobado sin someterlo primero a una colosal poda que lo desnaturalizará. Maragall puede alardear de haber trasladado a su propio partido un gravísimo e innecesario problema. Toda una proeza.

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