Publicado por
X. ÁLVAREZ CORBACHO
León

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UNA VEZ que las Cortes Generales aprobaron los Estatutos de varias comunidades autónomas, incluyendo aspectos básicos de la financiación, parece oportuno comentar las incertidumbres que generan ciertas disposiciones incluidas en los mismos por sus efectos en la construcción racional de un Estado descentralizado. Estas disposiciones hacen referencia a los mecanismos de nivelación, a los criterios utilizados para medir necesidades de gasto, a la distribución territorial de la inversión estatal y a una posible fragmentación de la gestión tributaria. Todas estas cuestiones introducen interrogantes significativos, cuya solución final vendrá dada por la sensatez de los partidos políticos o bien por futuras sentencias del Tribunal Constitucional. Los mecanismos de nivelación tienen el deber de garantizar el principio constitucional de igualdad en el acceso a los servicios públicos. Su responsabilidad corresponde al Estado. De modo que si los ingresos por tributos cedidos a la comunidad no llegan para financiar el gasto de los servicios transferidos, se activa una subvención niveladora o compensatoria que resuelve el problema. Pero algunos Estatutos limitan esta subvención sólo a servicios básicos. Además, su cuantía se fija de modo bilateral, lo que en principio reduce las garantías de igualdad, aumentando la conflictividad del sistema . Estos riesgos e incertidumbres se derivan también de los múltiples indicadores de gasto fundamentados en la conveniencia. Por ejemplo, se defiende la dispersión poblacional, pero también la dimensión de núcleos urbanos; la alta y la baja densidad de población; se menciona la inmigración, pero también la emigración, y así sucesivamente. Dar coherencia a estas cuestiones de forma razonable, evitando el agravio comparativo, es sin duda una tarea pendiente. Y lo mismo sucede con los condicionamientos estatutarios sobre la inversión estatal, así como la pretensión de fragmentar la gestión de los principales impuestos del Estado. En el primer caso, porque la suma de las demandas particulares difícilmente coincidirán con el crédito total consignado en el presupuesto. En el segundo, porque la gestión tributaria exige, hoy más que nunca, coordinación, información, profesionalidad y economías de escala.  La importancia de explicitar estas cuestiones se fundamenta en la evidencia de que habrá problemas en la nivelación, habrá indefinición en la inversión estatal, puede existir fragmentación en la gestión tributaria y se introducirán más indicadores de necesidad de gasto. Un futuro hecho incógnita que precisa de solución urgente y racion al.

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