Voto en conciencia y secreto del voto

NO ES NADA inusual que cuando van a llegar al Parlamento cuestiones «de frontera», en las que están fuertemente implicados los valores morales o las convicciones religiosas y en los que la sociedad se muestra dividida y en tránsito (progresando o regresando), se levanten voces que reclaman el voto secreto para que los parlamentarios puedan votar en conciencia, libremente, sin la insoportable presión de la disciplina de partido. Éste es el sentido, según parece, de unas recientes declaraciones de la senadora Matilde Fernández en relación con la nueva regulación del aborto: «No me importa que se decida que esto es un tema ético y por lo tanto se deje libertad de conciencia. El voto debería ser secreto, porque si se ve el color de la bombillita de una manera o de otra, los partidos podrían condicionar igualmente el voto de diputados y senadores.»

Hay aquí, según creo, dos cuestiones entremezcladas que requieren tratamiento distinto. La una es el voto en conciencia, la otra el secreto del voto. En cuanto a la primera, parece una obviedad que todos los parlamentarios deberían votar siempre, no sólo en los temas de frontera que puedan afectar al núcleo duro de las convicciones, «en conciencia», en armonía con sus principios éticos de los que, seguramente, también formará parte la ética de la responsabilidad, el compromiso político que se ha asumido ante el electorado, los intereses y la ideología del partido en que libremente se milita, las consecuencias de su decisión y la necesidad de servir a la eficacia de la acción política. Cada uno debería ponderar así, en cada caso, cuándo puede y aun debe sacrificar determinadas convicciones personales en aras de la coherencia política de su conducta, de las convicciones o intereses respetables de la mayoría de su grupo o de sus dirigentes, y cuándo los principios que debería sacrificar por disciplinada obediencia destruirían su propia integridad moral hasta el punto de sentirse éticamente obligado a arriesgar su carrera política y abrazar la indisciplina. Un hermoso desiderátum que alienta en el fondo de la democracia representativa y de la Teoría de la Representación, y que ha quedado laminado por el «Estado de Partidos».

La segunda cuestión, el secreto del voto, debe plantearse en un plano distinto que afecta a la esencia de la democracia. Parece obvio que el idílico escenario de una asamblea de representantes libres, no sujetos ni jurídica ni políticamente a mandato imperativo de nadie -"ni del elector ni, sobre todo, del partido-" que votan en conciencia sin que la disciplina externa prevalezca sistemáticamente sobre la individualidad singular, ha quedado sepultado (en la escasa medida en que alguna vez existió) por las pulsiones partidocráticas que han laminado al tiempo al parlamentario individual y a su conciencia. En el fondo, lo que nos está recordando la senadora Fernández, con indudable lucidez, es que sólo el secreto del voto garantiza su libre emisión «en conciencia». Ello por sí solo ya revela severas disfunciones de nuestra forma de gobierno y la necesidad de algunas reformas que, manteniendo el Estado «con» partidos (sin los que se me antoja imposible imaginar una democracia de masas), evite el Estado «de» partidos. La lucha contra esta resistible tendencia grupal y oligárquica es probablemente una de las más acusadas necesidades para la regeneración de nuestro sistema democrático. Pero no de cualquier manera ni a cualquier precio, sobre todo si el precio es confundir la posición institucional de los representantes con la de los representados.

El secreto en la emisión del voto es, sin duda, un poderoso instrumento para garantizar su libertad y ello, en alguna medida, puede predicarse del voto de los representados y del de los representantes. La necesidad de ese instrumento será tanto más intensa cuanto menor sea el respeto al pluralismo y la cultura democrática en el grupo en que se ejerce. Pero aquí se acaban todos los paralelismos.

En los electores, en los representados, el secreto del voto es mucho más que un instrumento para su emisión en libertad, es un presupuesto de su condición de «soberano» y una consecuencia de su radical «irresponsabilidad». Por el contrario, en el caso de los representantes, el presupuesto lógico de la representación democrática es el principio de publicidad como consecuencia del principio de radical «responsabilidad». Cuando vota el ciudadano vota el soberano, una instancia jurídica y políticamente irresponsable, no necesitada de más legitimación que la que deriva de su propia condición de ciudadano. La posición del parlamentario, del representante, es cabalmente la inversa. Una posición necesitada de permanente legitimación, que descansa en los principios de publicidad y responsabilidad por todos sus actos con trascendencia política. En la actuación de quien ejerce un poder vicario, de quien se legitima por la elección a partir de la libre formación de la opinión pública, la regla es la publicidad y la excepción el secreto. Y una excepción tasada, que sólo puede fundamentarse en la necesidad de preservar un interés público prevalente. No es el caso.

Sólo faltaría que los representantes cimentasen su libertad de conciencia en la ocultación al representado del sentido de sus decisiones y de las razones con las que las justifican, sobre el misterio y la opacidad, sobre la quiebra, en suma, de los principios democráticos de publicidad y responsabilidad. La democracia cumple muchas funciones, pero entre ellas no se encuentra la de negarse a sí misma para dar facilidades a los gobernantes a fin de que no claudiquen, por miedo, en la preservación de su integridad moral. Una integridad moral tan frágil, al parecer, que sólo se manifiesta cuando se torna invisible.