Los Wanninkhof piden al juez abrir diligencias tras dos cartas de King
El británico asegura que Dolores Vázquez cometió el crimen
La familia de Rocío Wanninkhof, la joven asesinada en Mijas (Málaga) en octubre de 1999, ha solicitado al Juzgado de Instrucción de Fuengirola (Málaga) que abra diligencias de prueba tras recibir dos cartas del británico Tony Alexander King, condenado a 19 años de prisión por el crimen.
Según ha declarado la madre de Rocío, Alicia Hornos, King le envió el pasado 7 de enero dos cartas, en las que señala como autora de la muerte de la joven a Dolores Vázquez, quien pasó diecisiete meses en prisión acusada del crimen pero finalmente fue exculpada.
Las misivas remitidas por el británico desde el Centro Penitenciario de Herrera de La Mancha en Manzanares (Ciudad Real) suman un total de 23 folios, escritos a doble cara y en inglés, en los que relata «con todo detalle» cómo se cometió el asesinato de la joven, tras recibir una carta de Hornos pidiéndole que le contara todo lo que pasó.
En su escrito, King asegura que participó en el crimen por dinero, pero sólo para mover el cadáver de la joven y envolverlo en una bolsa de plástico y que fue Vázquez quien la mató mientras el británico Robert Graham la sujetaba.
«Me sorprende que sea tan sincero y lo haya escrito todo de una forma tan pacífica», ha manifestado la madre de Rocío, quien considera que con las cartas King no busca una reducción de la pena. Según Hornos, King «ya lo tiene todo perdido» al estar también condenado a 36 años de cárcel por el asesinato de la joven de Coín (Málaga) Sonia Caravantes en agosto del 2003 y a siete años de prisión por el intento de violación de una joven de Benalmádena (Málaga). Hornos espera que el relato de King resulte importante para la investigación del caso y sirva para que se «haga justicia».
En el juicio contra Vázquez, el jurado la declaró culpable de asesinato el 19 de septiembre del 2001 y, una semana después, fue condenada a quince años y un día de prisión y a pagar una indemnización de 18 millones de pesetas (108.000 euros). Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la sentencia el 1 de febrero del 2002.