Rouco asegura que si la Iglesia paga el IBI se reducirá la actividad de Cáritas

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a. soto | madrid
León

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El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, mostró ayer en Cádiz la predisposición de la Iglesia a pagar el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) si así lo estableciera la ley («no tenemos ningún derecho especial»), pero la nueva tasa, advirtió, «irá en detrimento de otras acciones» que desarrolla la institución religiosa.

Entre estas actividades supuestamente en peligro se encontrarían las que desarrolla Cáritas, una entidad que en los últimos años se ha convertido en el principal soporte contra la crisis para miles de españoles. Pero a juicio de Rouco, si Cáritas viera reducidos sus ingresos, siempre cabría apelar a «la generosidad de los fieles».

Polémica abierta

Rouco Varela recordó que la ley beneficia a «los edificios de culto donde se practica la actividad pastoral de forma estricta y a las catedrales», pero también a «toda entidad que trabaja o actúa sin ánimo de lucro».

La decisión del Gobierno italiano de Mario Monti de cobrar el IBI a la Iglesia ha abierto la polémica. En las últimas semanas, el PSOE, IU y UPyD están proponiendo mociones en los ayuntamientos de toda España para que la Iglesia también pague este impuesto, del que está exenta desde la firma de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, en 1979. Tampoco pagan el IBI los edificios dedicados a la seguridad ciudadana, los colegios, las cárceles, los cuarteles, las sedes de la Cruz Roja, las embajadas y las estaciones de ferrocarril.

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Si la Iglesia tuviera que pagar, también deberían hacerlo el resto de las instituciones hasta ahora exentas, según defienden en la institución eclesiástica. Además, los prelados creen tener la legislación de su parte. La Ley de Mecenazgo 49/2000, aprobada por el Parlamento, establece la exención, y tan solo su reforma podría significar que se les cobrara el nuevo impuesto. Algunos ayuntamientos, como el de Zamora, acaban de dar el paso de cobrar el IBI de las sedes religiosas, pero si la Iglesia recurre la polémica acabara en los tribunales.