El PP rechaza ahora recuperar puntos del carné con exámenes parciales
Los infractores sólo tendrán que someterse a una prueba tras hacer un cursillo.
Un agente de la Guardia Civil de Tráfico examina la documentación de un vehículo.
Los conductores que quieran recuperar parcialmente los puntos de su carné no tendrán que hacer un examen en la Jefatura de Tráfico. El PP renunció ayer a incluir esta novedad en sus enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Vial que fue aprobado por el pleno del Senado.
Con la retirada de la propuesta del PP, la normativa seguirá como hasta ahora y los infractores solo tendrán que someterse a un examen, tras pasar por un cursillo, cuando hayan perdido todos los puntos del carné. Ademas, el PP también retiró la enmienda que permitían abrir nuevos centros para impartir cursillos, lo que había provocado el malestar de las autoescuelas.
El texto vuelve a al Congreso de los Diputados, para su aprobación definitiva, con pequeñísimas modificaciones. Entre ellas destaca que los infractores tendrán cinco días más para pagar las multas con tarifa reducida, de manera que se pasa de 15 a 20 días naturales. Los ciclistas que sean sorprendidos sin casco o que superen los límites de alcoholemia no verán sus bicicletas inmobilizadas, como el resto de vehículos a motor.
El proyecto contempla la prohibición del uso de los detectores de radar, lo que se tipifica como infracción grave, multado con 200 euros y la pérdida de 3 puntos. Asimismo, se mantiene la prohibición de los inhibidores de radar y se siguen permitiendo los mecanismos que informan de la posición. La reforma aprobada endurece las sanciones por consumo de alcohol y drogas.
También fija la obligatoriedad del casco para los menores de 16 años que circulen en bicicleta por vías urbanas, tal compactaron en el Congreso el PP y CiU.
«Prisas»
Durante el último trámite del proyecto de ley en la Cámara alta, los senadores de la oposición criticaron las «prisas» que «hurtan al Parlamento el debate» de una normativa que tradicionalmente siempre ha gozado del consenso de todos los grupos políticos.
El senador del Grupo Socialista, José María Ángel Batalla, apuntó que lo aprobado «no contribuye a reducir las tasas de siniestralidad», porque el objetivo de la reforma es la «necesidad recaudatoria de la Dirección General de Tráfico». Según el senador socialista, la reforma número 16 de la Ley de Seguridad Vial pretende recaudar los 3,5 millones de euros que Tráfico recoge por unas sanciones que en los últimos años se han visto reducidas en un 30%. Por su parte, el senador del Grupo Vasco, Iñaki Anasagasti, arremetió con la ausencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, del que dijo que mostró una «falta de respeto importante» a la Cámara por no haber presentado personalmente el proyecto de reforma.