La Fiscalía quiere que las víctimas de violencia machista declaren en los juicios
Estudia un cambio de la ley para que presten su testimonio contra los maridos maltratadores.
El primer paso para evitar que un maltratador vuelva a cometer semejante tropelía es la denuncia. El segundo paso es llevar esa denuncia hasta las puertas de una sala de vistas y, el tercero, reafirmar la denuncia con el testimonio de la víctima. Pero la Fiscalía Especial de la Violencia de Género ha detectado que este último paso está generando problemas porque algunas denunciantes se acogen a su derecho a no declarar. Una decisión que está complicando la tarea del Ministerio Público de lograr más condenas. Ante este brete, la fiscal coordinadora Pilar Martín Nájera propuso ayer modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que dejen de estar eximidas de declarar.
La fiscal reconoció que existe un problema jurídico que hay que solventar porque ese artículo impide a los familiares directos declarar contra, en este caso, sus maridos. Martín Nájera argumentó que no es suficiente si la víctima sólo ha contado los hechos ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Es necesario ratificarlo. «Esa declaración no tiene suficiente valor en sí misma como para conseguir una condena», apuntó la fiscal, que explicó que esta ausencia de declaración se debe a su falta de seguridad. «Están muy afectadas psicológicamente e inseguras. Son víctimas especiales, malos testigos», apuntó. En ese sentido, Martín Nájera aseguró que «con frecuencia dan el paso, pero después se vuelven atrás».
Ese miedo al agresor, a quedarse sola al iniciar el proceso judicial con una denuncia, el temor a estar desamparada económicamente, la vergüenza o una reacción social en contra son los principales motivos que llevan a las víctimas de violencia de género a no acudir a un juzgado de guardia o una comisaría. De las 41 mujeres que han sido asesinadas a lo largo de este año, sólo seis habían interpuesto una denuncia previamente. Y uno de los casos de esta semana, según desveló la fiscal, es estremecedor. La víctima tenía una sentencia favorable de malos tratos con una orden de alejamiento firme desde el 30 de septiembre. Pero ella siguió viviendo con su asesino.
La fiscal coordinadora de violencia de género recalcó que antes de cambiar el artículo 416 hay que realizar un estudio en profundidad para trasladar a la Fiscalía General del Estado una propuesta determinada que luego llegue al Ejecutivo. Además, valoró los cambios legislativos introducidos con las leyes del menor o el Código Penal. «Es importante que la ley haya obligado al juez a que decida siempre sobre los aspectos de la patria potestad, del régimen de visitas y que se valore el interés superior del menor», recalcó Martín Nájera. Pero estas medidas son inútiles si no vienen acompañadas de una mayor «coordinación y cooperación ciudadana» para acabar con esta lacra.