Sanidad exige el aborto en los hospitales públicos

El ministerio advierte a los consejeros de todas las autonomías que auditará el incumplimiento de la norma

Foto de archivo de una concentración por el aborto en León.dl

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Alfonso Torices
Madrid

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El secretario de Estado de Sanidad ha enviado una carta a los consejeros autonómicos del ramo en la que les recuerda que la nueva ley del aborto aprobada hace cinco años les obliga a garantizar «el acceso efectivo y en condiciones de igualdad» de todas las mujeres que así lo soliciten o precisen a la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos.

Javier Padilla les afea que, pese a ser una obligación de los poderes públicos, y pese al tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la ley, muchas mujeres de sus autonomías «siguen encontrando barreras (geográficas, administrativas u organizativas) que dificultan su acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud", por lo que les advierte que el ministerio está dispuesto a dar el paso de denunciarles ante los tribunales si persisten en su incumplimiento. Sanidad, les explica, va a elaborar un informe, sobre la base de los datos presentados por las comunidades autónomas, con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2020 en lo relativo a la interrupción voluntaria del embarazo, para comprobar «si esta prestación se está garantizando de forma efectiva en los centros sanitarios públicos».

A partir de los resultados, señala, «el ministerio valorará el inicio de procedimientos legales frente a aquellas autonomías que no estén garantizando este derecho conforme a lo establecido por la ley». Explica que, en primera instancia, y en función de la gravedad de los incumplimientos detectados, la Alta Inspección del Estado enviará requerimientos formales a las administraciones autonómicas afectadas, en los que solicitará información detallada sobre las medidas que están aplicando o prevén aplicar para dar cumplimiento efectivo a la legislación vigente. «En caso de que las respuestas no resulten satisfactorias", el ministerio «adoptará las medidas legales oportunas.

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Recuerda que la nueva ley del aborto aprobada hace cinco años les obliga a garantizar «el acceso efectivo y en condiciones de igualdad"