La Fiscalía archiva el caso de Anais, la niña sorda del Bierzo que reclama educación inclusiva

La batalla por la inclusión educativa de la niña Anais Fernández González, que sufre una hipoacusia severa y no ha desarrollado la comunicación oral, ha recibido un varapalo de la Fiscalía de Ponferrada. Un decreto del Ministerio Público archiva las diligencias pre-procesales iniciadas a raíz de una denuncia de la familia el pasado mes de septiembre y descarta establecer medidas cautelares, como habían solicitado en diciembre.

La familia, contrariada por la medida, asegura que seguirá adelante por otra vía judicial para reclamar el derecho a la educación inclusiva de su hija. «No está en igualdad de condiciones que los demás», recalca.

La fiscalía no ve indicios de delito en la actuación de la Consejería de Educación., que ha otorgado diez horas de intérprete de lengua de signos a la estudiante de 3º de la ESO en lugar de cubrir la totalidad de las horas lectivas. El decreto del Ministerio Público considera que los apoyos prestados a la alumna, que la familia tacha de «insuficientes» para la inclusión educativa de Anais, no encajan dentro de los tipos penales que podrían aplicarse «a una resolución arbitraria con patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurídico».

Es decir, descarta que se haya cometido un delito de prevaricación al asignar a la alumna las diez horas de intérprete de lengua de signos junto con otros apoyos educativos. Anais fue escolarizada este curso junto a otros dos alumnos con discapacidad auditiva, al igual que el curso anterior. Estos dos alumnos tienen cinco horas lectivas cada uno de apoyo con una mediadora comunicativa.

Educación considera que el agrupamiento de los tres escolares con discapacidad auditiva «responde al objetivo de optimizar con la mayor eficiencia los recursos de atención a la diversidad asignados», «generando un entorno de apoyos enriquecido». La alumna, añade, tiene adaptaciones curriculares y como recursos complementarios, «adicionalmente, en el aula también intervienen con sesiones de apoyo los maestros de educación especial de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje». Concretamente, Anais recibe cinco sesiones de cada una de estas especialidades.

Los motivos que alega Educación para denegar los recursos que solicita la madre son de diversa índole, según el fiscal. «Se considera que la asignación de 10 más 2 horas no constituye una denegación del recurso, sino un ajuste técnico y proporcional del mismo realizado por la Dirección General de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa», subraya el decreto de fiscalía.

La fiscalía da por bueno el argumento de la Junta de que en 3º de la ESO hay que potenciar la autonomía del alumnado para la vida real

Esta decisión se fundamenta en la «planififación provincial de recursos y el cumplimiento de la normativa autonómica». Asimismo, recalca que «el personal Ilse no son profesores ni de apoyo ni un asistente personal. Su función en ESO es servir de nexo comunicativo y canalizar cualquier duda que el alumno tenga hacia el profesor». La petición de la familia, de 25+5 horas, «se aproxima a una figura de asistente personal que la normativa del servicio excluye».

Desde el punto de vista técnico-pedagógico, argumenta que «conforme al principio de inclusión, se busca el equilibrio entre el apoyo necesario y el fomento de la interacción directa». En este punto, indica que «dado que la alumna cursa 3º de ESO, la intervención debe enfocarse progresivamente en preparar para la vida real», pues el objetivo «es otorgar una de las máximas competencias de autonomía» acorde a la normativa de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.

"Mi hija es muy trabajadora y suspender una asignatura, como le ha sucedido, por falta de apoyos necesario es algo que le afecta mucho"

La madre no se conforma con estos argumentos y ha buscado asesoramiento legal para reclamar la plena inclusión educativa por la vía civil y «llegar hasta donde haga falta. Para eso tenemos el Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo», puntualiza. 

«Mi hija es muy trabajadora y para ella suspender una asignatura, como le ha ocurrido por carecer de los apoyos necesarios, es algo que le afecta mucho», señala la madre. También lamenta las pocas oportunidades de la adolescente de relacionarse con su entorno de compañeras y compañeros debido a que nadie conoce la lengua de signos.

Ana González Méndez, madre de Anais, señala que la inclusión educativa está reconocida en la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, aprobada en 2003 y sancionada por España desde 2007.

El comité de la ONU ya dictaminó en 2021 a favor de una familia leonesa que reclamó la inclusión educativa de su hijo con síndrome de Down. El caso de Rubén, tras 15 años, terminó con una indemnización del Estado español a la familia de 25.000 euros.