Redes muy poco sociales

Las últimas sentencias a favor de los demandantes da respuesta jurídica al «modelo de negocio» del algoritmo

Un grupo de personas interactuando a través de las redes sociales.cottonbro studio

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Madrid

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La sentencia de un tribunal de Los Ángeles (Estados Unidos) que obliga a Meta y YouTube a indemnizar a una joven que desarrolló una conducta adictiva a las redes sociales ha puesto el foco en la respuesta jurídica a la actividad de unas plataformas en las que, según los expertos, «el modelo de negocio se basa en crear adicción».

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Emilio Guichot Reina subraya que los efectos de este modelo en las redes sociales requieren de una respuesta interdisciplinar desde el ámbito jurídico y académico. La demandante, de 20 años, recibirá una indemnización de tres millones de dólares porque un jurado determinó que se volvió adicta a las redes sociales durante su infancia y, como consecuencia, ha sufrido depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas.

Esta resolución se suma en Estados Unidos a otra sentencia dictada por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil, por lo que fue condenada a una multa de 375 millones de dólares (unos 325 millones de euros).

Emilio Guichot, experto en Derecho de la Información, apunta a la generación por parte de las plataformas de una dependencia a las redes sociales, y no solo entre menores, mediante el uso de algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de uso.

La respuesta desde la UE debe plantearse desde la base de una normativa que permite actuar sobre los efectos en los ciudadanos residentes en su territorio, ha apuntado Guichot, quien participó en la redacción de un proyecto de ley de transparencia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

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Esta normativa comunitaria se basa en la detección de riesgos sistémicos que puedan afectar a los menores y a la salud psíquica, con un enfoque tanto preventivo como correctivo y sancionador, señala Guichot, en referencia al reglamento de servicios digitales, de 2022, cuyo objetivo principal es garantizar un entorno digital seguro. El reglamento sobre la identidad digital europea, de 2024, permitirá la creación de una cartera europea de identidad digital universal, fiable y segura, que parte de la base de que bajo el anonimato se pueden cometer infracciones entre otras relacionadas con el acoso a menores, señala el catedrático de la Universidad de Sevilla.