Las personas con dependencia grave o severa cobrarán el doble de ayuda

Más de 1.600.000 beneficiarios de dependencia recibirán de manera inmediata una prestación mayor después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes un real decreto ley para aumentar la aportación estatal a esta ley con 6.200 millones de euros extra entre 2026 y 2027. La medida se llevará a cabo mediante una reforma estructural de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que consistirá en un incremento de las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tenga reconocido un grado de dependencia y que supondrá que las personas con más dependencia recibirá el doble de prestación. «Es la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia para cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan», celebró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De esta forma, dentro de dos semanas, las cantidades que recibirán los dependientes de grado III (gran dependencia) subirán un 128% y pasarán de 290 euros al mes a 660 euros; las cuantías para el grado II (dependencia severa) aumentarán un 100%, de 130 euros al mes a 260 euros; y las cuantías para el grado I (dependencia moderada) crecerán un 18% y pasan de 76 euros al mes a 90.

«Esta financiación no debe servir para sanear las arcas autonómicas sino para mejorar y atender a las personas"

En cifras globales, la aportación económica del Gobierno a la dependencia alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones de euros en 2027, de manera que «la inversión del Estado en dependencia será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década», explican fuentes del Ejecutivo.

Además, con esta inversión, el Gobierno cumple uno de los puntos del pacto de coalición entre PSOE y Sumar al financiar el 50% del sistema de dependencia (el resto depende de las comunidades autónomas) con efectos inmediatos. A partir del 1 de julio, Administración General del Estado comenzará a transferir una cantidad mayor de dinero a los gobiernos autonómicos, que tienen la competencia exclusiva de gestionar la dependencia.

La inversión anunciada por el Ejecutivo «supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste, como sucedió en la era de los recortes», apuntó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que avanzó que la ley de dependencia, junto con la ley de discapacidad, que también tendrá que ser votada en el Congreso, abrirá el camino a «un nuevo modelo de cuidados que cuente con los recursos suficientes para poder garantizar un servicio público de la mayor calidad y un derecho subjetivo de ciudadanía».

El aumento de la financiación quedará blindado por ley, ya que supondrá una obligación para el Estado, «independientemente de cuál sea el gobierno y de su situación presupuestaria», señalan desde el departamento de Bustinduy.