La Policía de León ficha a 34 puteros y no multa a nadie

A tres años de la ordenanza punitiva, la inacción municipal convierte la norma en «papel mojado»

Foto de archivo de una concentración abolicionista en León.RAMIRO

León

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León se colocó a la cabeza de los municipios abolicionistas de la prostitución con una norma que parecía pionera. Tres años después, la ordenanza municipal que penaliza a los puteros, incluidos menores, con multas de 500 a 3.000 euros es «papel mojado», asegura la Plataforma Abolicionista de León.

Desde 2023, la Policía Municipal ha identificado a 34 puteros en la vía pública pero no ha abierto expediente sancionador alguno, según los datos que presentó la concejala de Igualdad, Mercedes Escudero Pérez en el Consejo Municipal de las Mujeres a instancias de las asociaciones que participan en este foro.

En concreto, en 2023, durante los meses de vigencia de la norma, desde el mes de agosto, la Policía Local realizó 15 identificaciones, en 2024 fueron tan solo siete, en 2025, ocho y en lo que va desde 2026 un total de cuatro.

«Tres años después de la aprobación de la ordenanza municipal no se ha registrado ninguna infracción, y por lo tanto ninguna sanción a puteros, proxenetas y sus cómplices», lamenta Miriam Gutiérrez Martínez, presidenta de la asociación feminista leonesa Flora Tristán, colectivo integrante de la plataforma abolicionista.

Aplicación laxa

No les extraña. Los policías van en coches patrulla y por tanto uniformados en los lugares donde se conoce que existe la demanda, por lo que «alertan de su presencia» desde la distancia.

«Es verdad que en la calle la prostitución que queda es casi residual, pero si muchas personas que nos avisan son testigos de que hay mujeres que se suben en coches, porque las ven cuando salen de eventos deportivos, la policía debería de poder detectarlo», afirma Encina Gutiérrez Ibán, integrante de la Plataforma.

La asociación Flora Tristán recuerda que, desde el minuto uno, la policía ha sido reticente a esta ordenanza, en la que llegaron a incorporar medidas que equiparaban a las personas en situación de prostitución con los puteros, aunque finalmente se matizó la norma en el periodo de alegaciones.

Aún así, creen que la aplicación de la norma con el balance de cero denuncias es laxa por demasía y reclaman una acción policial más contundente. «Si a mí me paran en el coche sin el cinturón de seguridad no me identifican, me multan directamente. ¿Por qué no hacen igual con los puteros?», recalca Encina Gutiérrez.

Con todo, admiten que la acción municipal, aunque fuera la correcta, siempre sería insuficiente. «La ordenanza tiene capacidad de acción en el espacio público únicamente, por eso es tan necesaria una ley nacional abolicionista del sistema prostitucional», admite Miriam Gutiérrez. Sin embargo, esta necesidad no excusa la inacción municipal y de la Policía Local.

El Ayuntamiento de León, preguntado a través del gabinete de prensa, no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre los nulos resultados de la ordenanza en sus casi tres años de vigencia.

Más pisos como burdeles

El plan integral municipal, que el Ayuntamiento de León encargó a la asociación In Género por 60.000 euros, identifica en la ciudad tan solo un espacio público de ejercicio de la prostitución, la margen derecha del Bernesga entre el Palacio de Justicia y la rotonda de la N-120. El mapeo de la prostitución en León realizado en este plan ha identificado 59 lugares de explotación sexual, de los que 57 son pisos, tres clubes y uno el espacio callejero de la ribera del río.

El aumento de los contextos prostitucionales en pisos es una realidad. El plan municipal ha detectado un total de 19 espacios nuevos de prostitución en pisos, pasando de 39 lugares privados en el primer trimestre de 2025 a 47 al cierre de diciembre de 2025 y 56, con nueve más, en el primer trimestre de 2026.

La Plataforma Abolicionista ha denunciado la inacción municipal con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que está señalado el 23 de septiembre desde 1999, cuando se celebró la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas y Conferencia de Mujeres en Bangladés.

El plan municipal reconoce que la prostitución «se encuentra estrechamente relacionada con fenómenos como la feminización de la pobreza, las desigualdades económicas y sociales, las violencias machistas, la discriminación por razón de género, los procesos migratorios, la exclusión social y las dificultades de acceso a derechos y oportunidades en condiciones de igualdad».

La mayoría de las personas que la ejercen son inmigrates, lo que incrementa la situación de vulnerabilidad. Durante el periodo que va de junio de 2025 a junio de 2026, el proyecto ha atendido a un total de 328 personas, de las que 259 eran mujeres, 27 hombres y 42 mujeres trans. Un total de 241 son inmigrantes, de los que son mujeres 202; 12 hombres y 27 mujeres trans. Colombia (65), Repúbica Dominicana (55), Venezuela (23) y España (13) son los países de origen con mayor número de personas en situación de prostitución.

«Es necesaria una ley nacional abolicionista del sistema prostitucional»

La mayoría de las personas en prostitución son solteras, pero muchas tienen responsabilidades familiares lo que es un factor de presión para mantener la situación. El informe destaca el alto número de mujeres trans, personas que sufren circunstancias específicas de discriminación.

En cuanto a nivel de formación, predomina el grupo con estudios secundarios, seguido de primarios y a más distancia de formación profesional. Son minoría las personas con estudios superiores o sin estudios. Aunque no se detectan casos de personas con discapacidad reconocida, se alerta de que hay personas que presentan «limitaciones funcionales, problemas de salud física o mental, o necesidades específicas de apoyo», pero carecen de un reconocimiento administrativo.

El equipo de In Género ha detectado «situaciones relacionadas con distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres, incluyendo violencia de género, violencia sexual, explotación económica, control coercitivo y otras formas de discriminación y desigualdad», señala la memoria que ha presentado al Ayuntamiento de León.

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El plan identifica diferentes formas de coerción, manipulación y engaño para que las personas entren y se mantengan en el sistema prostitucional. El abandono de la prostitución es «una de las realidades más complejas identificadas durante el desarrollo del proyecto», explican. Es un proceso gradual y complejo.

La proliferación de pisos dificulta el acceso a las personas en situación de prostitución

El predominio de los pisos como espacios privados donde se produce la prostitución «dificulta el acceso de los equipos y refuerza la necesidad de mantener las rutas, actualizar el mapa de intervención y generar vínculos de confianza». Es una de las valoraciones que la asociación In Género realizó durante la presentación en León los datos de su intervención autonómica y municipal con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

El proyecto desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de León registró 55 pisos, apartamentos y otros espacios privados de ejercicio de la prostitución al cierre de junio de 2026. Durante el periodo analizado se detectaron 19 nuevos espacios privados.

El encuentro «Realidades, derechos y respuesta local» puso el foco en la atención de proximidad para detectar situaciones de trata y facilitar el acceso a recursos de las personas que ejercen la prostitución. El trabajo que desarrolla esta asociación mediante el contrato municipal combina mediación y atención social, psicológica, jurídica y laboral para abordar necesidades que por regla general acumulan las personas en situación de prostitución: vivienda, empleo, salud o situación administrativa.

Entre julio de 2025 y junio de 2026 la entidad ha desarrollado 441 talleres o intervenciones formativas, 358 vinculados a salud y prevención. Además, entre mayo y junio de 2026 impartió cinco módulos al personal municipal para «una atención inclusiva y libre de estigma». La asociación demanda coordinación de servicios públicos y entidades especializadas.