Mercedes Vega, leonesa que probó la malversación en el Procés: "Como perito me tocó decir qué gastos eran ilegales, el delito lo ponen los jueces"

Los veranos en el río, el olor y la alarma de la azucarera... son algunos de los recuerdos que Mercedes Vega García conserva de su pueblo natal, Veguellina de Órbigo, donde aún conserva la casa. Su padre, Gabriel, fue agricultor y empleado de la factoría y su madre, Mercedes, que aún vive, con 101 años, fue la modista del barrio de la estación. Licenciada en Económicas, de las Carmelitas del pueblo pasó al colegio Virgen Blanca de León con una beca del Monte Pío y, también becada, a la Universidad Laboral de Cáceres. En 1984 inició su carrera al aprobar la oposición del cuerpo de Interventores y Auditores del Estado como funcionaria la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado). Hasta hace poco menos de un mes, al jubilarse, ha sido directora general de Estudios y Coordinación de este organismo.

—¿Qué balance hace de estos 42 años de carrera?

—El otro día lo comentaba en un correo de despedida a compañeros con los que he trabajado todo este tiempo: estoy contentísima de haber destinado mi vida profesional al control público en la IGAE. Si volviera a empezar, tomaría la misma decisión. Es una labor de servicio público clarísima. Nuestra función es velar por que el gasto público cumpla con su finalidad social, se ajuste estrictamente a la legalidad y persiga los objetivos de economía y eficiencia que marca la Constitución.

—¿Qué distancia hay entre los broncos debates políticos y la realidad técnica de las cuentas y la finalidad social del gasto?

—La Intervención General es un órgano absolutamente técnico y libre de intereses políticos. Somos independientes de las autoridades y de los gestores que controlamos. En el cálculo del déficit y los datos de contabilidad nacional aplicamos normas técnicas muy estrictas, y además estamos supervisados por Eurostat (la oficina estadística de la Unión Europea). Aunque los distintos actores políticos utilicen estos datos según sus intereses partidistas, eso no condiciona en absoluto la labor puramente técnica de la IGAE al calcular el déficit, auditar una empresa pública o fiscalizar contratos.

—¿Cuáles han sido los momomentos más complejos de su labor?

—Los momentos de crisis económica son siempre los más complicados. Cuando la economía nacional se deteriora —como ocurrió a mediados de los años 90, en la crisis de 2008 o durante la pandemia— disminuyen los ingresos (IRPF, IVA, etc.) y surgen tensiones en el presupuesto. Cuando hay menos holgura presupuestaria, aumenta la tensión y hay que prestar muchísima mayor atención para evitar la «creatividad» de algunos sectores que intentan esquivar la norma. También son etapas difíciles los periodos de prórroga presupuestaria, ya que obligan a hacer continuos ajustes técnicos, o la gestión derivada de la llegada y posterior finalización de los fondos europeos del MRR, que generan una enorme complejidad contable y de control.

«Ser perito en el juicio del 'procés' era un trabajo de responsabilidad por la repercusión, pero tuve un gran equipo de la IGAE»

—¿Le apena jubilarse con otra prórroga presupuestaria?

—Las prórrogas presupuestarias ya empiezan a ser habituales….el del 27 será el cuarto año consecutivo de presupuesto con prórroga, pero jubilada o no, preferiría que hubiera un presupuesto aprobado.

—La IGAE presta auxilio judicial a jueces, tribunales y fiscales. ¿Cómo vivió casos de gran repercusión pública como los ERE o el «procés»?

—Esa labor de auxilio judicial nos saca por completo de nuestro habitual segundo plano técnico y nos sitúa en el foco mediático. En el caso del procés, el Juzgado de Instrucción número 13, el juez Llarena, nos pidió un informe sobre los gastos vinculados a la organización del referéndum tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. A mí me tocó comparecer como perito ante el Tribunal Supremo junto a otros técnicos del Ministerio de Hacienda. Una vez que el Tribunal Constitucional consideró que era ilegal, todo el dinero que fuera destinado al Procés tenían que mandar periódicamente al Ministerio de Hacienda gastos que se iban a hacer.

—La pieza de la malversación es la última que vio el Constitucional para la amnistía. ¿Su informe indicaba esa posibilidad de amnistía o no?

—No, nosotros no calificamos. Solo dirimimos si el gasto, por ejemplo las cuñas que pusieron en TV3, se ajusta a la legalidad o no. Nuestros informes se limitan a determinar estricta y técnicamente si un gasto se ajustaba o no a la normativa y a los procedimientos establecidos, sin entrar jamás en calificaciones jurídicas sobre si existe o no delito de malversación; eso corresponde exclusivamente a los jueces. De igual modo, en los ERE de Andalucía, la sentencia de la pieza principal se apoyó de manera fundamental en los informes periciales de los interventores del Estado, ya que los jueces necesitan de ese soporte técnico riguroso para fundamentar sus resoluciones.

—¿Fue duro?

—Creo que duro no es el calificativo que yo le daría. Era un trabajo de responsabilidad por la repercusión que tenía, pero trabajé con un equipo de personas de la IGAE muy competentes que me facilitó mucho mi intervención en el jucio.

«Las crisis económicas y las prórrogas presupuestarias complican la labor de la intervención del Estado»

—¿Qué significa para usted coronar esta carrera con la medalla de San Raimundo de Peñafort?

—Una gran satisfacción. Es un mérito por haber colaborado con la justicia en mis labores de auxilio judicial. También he colaborado en convenios con la Fiscalía europea de Luxemburgo que, en cada país, tiene un fiscal delegado, y con la Audiencia Nacional. Nos piden muchos informes.

—¿Cómo ha evolucionado tecnológicamente la IGAE en estas más de cuatro décadas?

—El cambio ha sido radical. Cuando aprobé la oposición en 1984 y hacía mis prácticas en Ávila, la contabilidad se llevaba literalmente en libros de contabilidad enormes que ocupaban mesas enteras y donde todo se escribía a mano. Justo en esa época comenzó la informatización. Hoy en día utilizamos herramientas tecnológicas avanzadas, incluso la inteligencia artificial, y los auditores públicos tienen una formación técnica tan sólida como la de cualquier gran firma privada.

—A pesar de esta sofisticación técnica e informática, ¿sigue habiendo resquicios para la mala praxis y la corrupción?

—Un sistema de control más sofisticado ayuda a evitar muchas irregularidades, pero es muy difícil blindarse al cien por cien ante conductas delictivas premeditadas. La intervención del Estado no evita todo, pero sí mucho. Otra cosa son las empresas públicas donde no hay interventores. Cuando se cometen irregularidades al margen de la gestión ordenada —como puede ser el amaño previo de un contrato mediante acuerdos opacos—, los funcionarios de la intervención no tenemos acceso a correos electrónicos o comunicaciones privadas, facultades que sí poseen las fuerzas de seguridad y la policía judicial. Iniciativas como la ley de integridad son esenciales. Tenemos que educar a los niños desde pequeños en la integridad pública y en que el dinero de todos es de todos y para el fin que está establecido. Cuanto más ética sea una persona más difícil es que entre en una trama.

—Y al revés, ¿hasta qué punto esta maraña de controles puede ralentizar el servicio público, por ejemplo en pequeños ayuntamientos o incluso en diputaciones?

—No, no. La ley de contratos es farragosa, pero tiene distintos sistemas en función del contrato (armonizado, menor, etc.) y los controles son diferentes. Desde luego, el control de las intervenciones, ya sea municipal, de la Diputación o del Estado, no ralentiza porque tenemos cinco días para fiscalizar. Donde se retrasan las cosas es en la propia gestión, a veces por falta de recursos. Cuando hay dos funcionarios para gestionar muchos contratos se retrasa todo.

—Los pequeños ayuntamientos se quejan del techo de gasto. ¿Por qué se les impide gastar cuando tienen dinero?

—Esa es una limitación de la normativa europea. Tú puedes tener dinero para hacer un polideportivo, pero tienes que asegurar que en el futuro puedes mantenerlo. Aunque en realidad es más complicado, el problema de los ayuntamientos es que el techo de gasto se hace con carácter general y hay algunos que les va mejor porque tienen más recursos y otros que tienen otro tipo de dificultades, como por ejemplo, que van arrastrando deuda y si tienen una holgura, tienen que destinarlo a reducirla. Una de mis satisfacciones de estos últimos años ha sido profundizar en este tema. En 2014, con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local se dijo que había que hacer unas normas de control interno de las contabilidades locales. El decreto lo aprobó el Gobierno pero quien trabajó en ello fue la Intervención General. A través de ello he conocido mucho las entidades locales. En España tenemos casi 13.000 entidades locales, no solo ayuntamientos, también juntas vecinales, mancomunidades. La mayor parte de los más de 8.000 ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes. En muchos, el secretario-interventor es la única estructura de control y a veces, la única de gestión. Y es muy complicado. La gestión de los pequeños ayuntamientos, con todas las obligaciones que tienen, es complicadísima.

—¿Y no habría que ayudarles?

—De eso se trataba. Los ayuntamientos vivían de los IBI y licencias y con la crisis no tenían ingresos. Se les decide apoyar y darles más medios financieros, pero para ello hay que controlar. La obligación de comprobar todo eso y enviarlo al Ministerio de Hacienda, recayó sobre los propios interventores. Uno de los mecanismos es que tiene que hacer un informe anual sobre las cuestiones más relevantes que haya deducido de sus controles en el año anterior, que trasciende más allá del propio gestor. Antes, si hacía un informe sobre el departamento de Obras o Fiestas y encontraba deficiencias no iba más allá del concejal. Ahora, lo va a saber también el alcalde, el pleno de la Corporación y la Intervención General que lo va a poner en una web abierta a toda la ciudadanía (igae. Esta labor de dejar de opacar es un medio muy importante.

—Se supone que las diputaciones tienen que cubrir las carencias de los pequeños municipios.

—La mayoría de las entidades locales son pequeñas y con pocos recursos y estructura, las Diputaciones deben convertirse en los principales instrumentos para ayudar y colaborar en la gestión y el control las pequeñas entidades de su ámbito territorial. Es los congresos que comenzamos en 2019, el CCIL19 en Badajoz coorganizado por la IGAE y la Diputación de Badajoz, difundimos las mejores prácticas de control interno local y queremos crear un espacio de intercambio y colaboración en ese ámbito.