Madrid y Rabat acuerdan repatriar a los menores que llegan en pateras

Seis meses y medio después de que Rabat se comprometiera a hacerse cargo de los millares de menores no acompañados acogidos en Ceuta, Melilla, Fuerteventura, Madrid, Cataluña y Andalucía y tras semanas de continuos desencuentros, Marruecos y España lograron firmar un memorando de repatriación de menores en virtud del cual Madrid acepta dejar en manos de la Policía marroquí a los niños que ingresan de manera ilegal en el país, con independencia de que su familia haya sido localizada y sin saber si sus allegados están dispuestos a hacerse cargo del menor. Hasta ahora, el Gobierno había defendido siempre la importancia de que los menores fueran reintegrados directamente a sus núcleos familiares. Sin acuerdo desde 1992 Es el primer acuerdo sobre inmigración alcanzado entre ambos gobiernos desde que en 1992 se suscribiera el incumplido tratado de repatriación de clandestinos llegados a las costas españolas. El protocolo, ya pactado a principios de diciembre en la Reunión de Alto Nivel (RAN) hispano-marroquí de Marraquech, fue ratificado en la sede del Ministerio del Interior por el delegado del Gobierno para la Extranjería, Gonzalo Robles, y por el director general de Asuntos de Interior alauí, Mohamed Yassine Mansouri, quien anunció su visita sólo horas antes de llegar a Madrid. El acuerdo, que Rabat se negó a suscribir en abril, prevé que los niños y adolescentes marroquíes que viven en España sean entregados directamente -y sin supervisión judicial o de los servicios sociales- a la policía de fronteras, que pasa así a ser la «autoridad de tutela» de los menores, según la definió el titular del Interior, Ángel Acebes. Acebes, no obstante, garantizó que España se implicará en la supervisión del procedimiento de reinserción social y familiar de los menores, tal y como prevé el acuerdo que ayer mismo entró en vigor. El ministro aseguró tajante que «España no se desentiende» de esos niños y que el objetivo del Gobierno es «primar el interés» del menor y respetar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Así, desvelo que la Administración española está dispuesta, incluso, a cooperar en la «cofinanciación» de la reintegración social y educativa de los niños y adolescentes (aunque ésta dependerá exclusivamente de Marruecos).