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ANTONIO PAPELL
León

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LO MÁS RELEVANTE que se desprendió ayer de la comparecencia del ministro del Interior, José Antonio Alonso, en la correspondiente comisión del Congreso, adonde acudió para dar explicaciones sobre el caso Roquetas, fue la evidencia, ampliamente documentada, de que toda la cadena de mando de la Guardia Civil se comportó con extraordinario celo y con gran capacidad resolutiva desde el momento en que tuvo noticia del infausto suceso de Roquetas de Mar, la muerte en el propio cuartel de un ciudadano detenido el día 24 de julio. Apenas una hora después de aquella muerte, la comandancia de Almería se movilizaba, a la vez que la policía judicial, e iniciaba las investigaciones. La Delegación del Gobierno tomó también parte activa desde el primer momento en el asunto, y el director general, el general Gómez Arruche, auspiciaba todo el proceso desde la cúpula de la institución. Todos ellos de acuerdo con la consigna impartida de tolerancia cero en lo referente al respeto de los derechos humanos y de las libertades de los ciudadanos. En este sentido, puede asegurarse que la institución de la Guardia Civil salió ayer indemne, e incluso fortalecida, de la prueba. La sesión parlamentaria fue correcta -casi de guante blanco-, probablemente porque los grupos parlamentarios eran conscientes de la delicadeza del asunto que se trataba, y resultó por ello productiva. El ministro, que acreditó su formación jurídica, fue extremadamente cuidadoso con el deslinde de las investigaciones gubernativas, de las que dio cuenta, y el proceso judicial penal en marcha. Y explicó convincentemente, y en términos muy comprometedores para el teniente que estaba al mando en Roquetas, sus declaraciones en las que aseguraba que había habido cierta «resistencia» a las investigaciones. Las grabaciones en vídeo que mostraban con crudeza la paliza que recibió la víctima y el uso de armas no autorizadas no fueron mostradas de grado a los investigadores, y el teniente reconoció cínicamente a sus superiores que, de haber sabido que tales grabaciones existían, éstos no hubieran tenido ocasión de visionarlas. Alonso informó a la cámara de que están en marcha iniciativas que fortalecerán la inspección -que será además común a los dos grandes cuerpos policiales- para garantizar el trato humanitario a los detenidos por las fuerzas de Seguridad, por lo que la oposición tuvo escasos asideros a los que agarrar su crítica. La portavoz de EA habló de un difuso «problema estructural» en torno a la tortura, pero su mensaje no prosperó. Y no hubo peticiones de dimisión, salvo la velada del portavoz del Partido Popular, Astarloa, que sugirió sin énfasis y a media voz que el ministro debería irse a casa. La tesis del principal partido de la oposición, que consistió en culpar al Gobierno de infligir una grave lesión con su conducta a la Guardia Civil, era fácilmente rebatible: el prestigio de la Guardia Civil se basa precisamente en su capacidad y en la del gobierno para depurar las responsabilidades concretas con todo rigor y con la mayor celeridad cuando se producen estas inadmisibles disfunciones excepcionales. Evidentemente, este luctuoso suceso deberá servir en todo caso para obtener conclusiones: no es seguramente razonable que los cuarteles de la Guardia Civil en ciudades grandes sean mandados por oficiales inexpertos. Y el debate sobre la desmilitarización, que es independiente de este asunto y que volvió a aflorar, no parece haber cesado sino al contrario, aunque el ministro negó tajantemente que este dilema vaya a plantearse. Finalmente, hay que hacer mención a un asunto nada marginal: el debate de ayer fue un hito parlamentario relevante, que interesaba sin duda a buena parte de la ciudadanía. Y si así era, ¿cómo se explica que ni Radio Nacional ni Televisión Española retransmitieran el evento? Si los medios públicos no sirven en estas ocasiones, ¿puede alguien explicar para qué diablos tenemos que seguir financiando tanta incompetencia?

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