El PSOE quiere que los profesores de religión tengan contrato laboral

Las instituciones religiosas no serán empleadoras de los profesores que enseñan catequesis en los centros escolares públicos, sino que disfrutarán de contratos laborales, según figura en una enmienda del PSOE al proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), que será debatida en breve en el Senado. Con esta propuesta, el PSOE hace caso a las reivindicaciones tanto de los principales sindicatos de la enseñanza como de la Conferencia Episcopal, que entendía que la norma conculcaba los derechos de los 17.000 docentes que imparten el credo católico. El Grupo Parlamentario Socialista propugna que los profesores de religión que trabajen en colegios e institutos públicos lo hagan como contratados laborales, «a tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requieran las necesidades de los centros». Si prospera la enmienda socialista, estos docentes recibirán las misma retribución que los profesores interinos. De acuerdo con el PSOE, el régimen laboral de estos profesionales quedará plasmado en un reglamento, dada la singularidad de su estatus. La enmienda apuesta por el mantenimiento del actual modelo de selección del profesorado que enseña religión, en virtud del cual los docentes son elegidos por los responsables de las diócesis. «La autorización se renovará de manera automática cada año, salvo que concurra alguna de las causas expresadas en la ordenación jurídica propia de las religiones respectivas», proponen los socialistas. Reivindicaciones La regulación que hacía el proyecto de la LOE de los profesores de religión disgustaba a los sindicatos UGT, CC.OO y CSIF, de un lado, y a la jerarquía eclesiástica, de otra. Mientras los primeros argüían que la medida suponía una «privatización» de las condiciones laborales de esos docentes, la Conferencia Episcopal entendía que la redacción vulneraba los derechos de esos mismos profesores. El equipo de la ministra María Jesús San Segundo trató de abolir el actual sistema, que obliga al Estado a indemnizar a profesores «despedidos» por los prelados por contravenir principios morales de la doctrina católica, como casarse con personas divorciadas o convivir dentro de uniones de hecho. Para ello, el anteproyecto de la LOE establece en sus términos actuales que la condición de empleador reside en la «entidad religiosa» y no en las administraciones educativas. Con esa redacción, que ahora el PSOE quiere rectificar, San Segundo pretendía reducir los conflictos en los tribunales a la «mínima incidencia» y garantizar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos.