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FEDERICO ABASCAL
León

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DESDE QUE EL PSOE ganó las elecciones del 14-M, la esperanza de un fin de la violencia terrorista en Euskadi se ha instalado en el ámbito gubernamental, y en sus bases de apoyo, mientras que en las filas de la oposición se robustecía el escepticismo y la tesis de que a ETA hay que vencerla empleando toda la artillería. Y respiro, precisamente, no parece que le esté dando a la banda el Gobierno socialista, si se enumeran las capturas policiales de etarras, de estampilla o presuntos, tanto en España como en Francia, y el hostigamiento que hasta los dirigentes de ETA perciben ya en todos los países del mundo. En ese ambiente vasco, Batasuna ha empezado a moverse sin sentirse atada por su ilegalidad, tras su ilegalización, y mostrándose cada vez más ostensiblemente como el brazo político de la banda. Si, como en medios cercanos al Gobierno socialista se intuye, ETA acepta ya que Batasuna se mueva con cierta libertad política, dentro de unos parámetros infranqueables marcados obviamente por la banda, se comprende la curiosidad de muchos observadores, gubernamentales incluidos, por oír lo que la próxima semana pensaba decir Batasuna desde Baracaldo. Pero el hecho de que una organización ilegalizada y por lo tanto inexistente a la luz pública celebre un cónclave, y pretendiendo que sea en olor de multitudes, le parece a mucha gente un desdén sarcástico a la Justicia. Una asociación de víctimas del terrorismo ya ha denunciado la asamblea que pretende celebrar Batasuna, y el juez Grande-Marlasca, que lleva el largo sumario que abrió hace más de tres años Baltasar Garzón sobre la implicación de Batasuna en las actividades proetarras de las herriko tabernas , ha pedido informes policiales sobre la posibilidad de que Batasuna esté organizando una actividad de carácter político. El Gobierno no se lava las manos y envía a San Sebastián al fiscal general, Conde Pumpido, para estudiar con los tres fiscales jefes del País Vasco si la organización de la asamblea batasuna excede o no del ejercicio de los derechos individuales de libertad de reunión y de participación política, de cuya defensa parte Conde-Pumpido. La máquina de la Justicia se ha puesto en marcha, y sus decisiones se basarían en los informes que elaboren la policía y la Guardia Civil. Hay quien desea que estos informes sean contemporizadores y benignos.

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