En cinco años habrá un tratamiento integral de residuos de construcción

Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), más conocidos como «escombros», proceden de derribos de edificios y de rechazos de los materiales de construcción. La gran cantidad y volumen que se producen está provocando la colmatación de los vertederos municipales y, en el peor de los casos, el vertido incontrolado. A esto hay que añadir su impacto visual, la emisión de polvo que generan y el impacto ambiental debido al despilfarro de materias primas. En Castilla y León se generan anualmente 1,8 millones de toneladas de RCD, de los que sólo un pequeño porcentaje es tratado siguiendo las directrices europeas. Así lo ha afirmado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, durante la presentación del borrador del Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición 2005-2010 que tiene como objetivos lograr que en cinco años el 90% de estos residuos reciba un adecuado tratamiento, reducir en un 11% el volumen de escombros generados, y separar en su totalidad los residuos peligrosos contenidos en ellos para una gestión específica. Según explicó el consejero, «para ello se prevé la construcción de plantas de tratamiento integral en cada capital de provincia, además de Ponferrada, que se irán poniendo en marcha a medida que se vayan sellando los vertederos municipales». Además, habrá otras 80 instalaciones destinadas al tratamiento primario con sistema de machacado fijo o semimóvil repartidas por toda la comunidad, mientras que en las zonas más aisladas se colocarán depósitos provisionales para los residuos no peligrosos. Hasta 16 euros por tonelada Los datos que maneja la Consejería indican que en los municipios con más de 20.000 habitantes, la producción de escombros es de una tonelada al año, cantidad que se reduce hasta 700.000 kilogramos si se trata de poblaciones entre 20.000 y 5.000 habitantes y hasta 450.000 en los municipios más pequeños. En este sentido, el consejero insistió en la importancia de que los ayuntamientos colaboren en la ejecución de este Plan aplicando mecanismos como exigir a los constructores que los proyectos de obra incluyan una previsión del volumen de residuos que se van a generar, tanto durante la construcción como cuando sea demolido, así como una fianza que les sería devuelta cuando hayan acreditado que han sido tratados correctamente. Recordó, además, que la puesta en marcha de los sistemas provinciales de tratamiento de residuos y la progresiva clausura de los vertederos obligará a los constructores a preocuparse por el destino que van a tener los escombros que generen. El Plan Regional de RCD ya ha recibido la aprobación del Consejo Regional de Medio Ambiente y será sometido a la fase de información pública, estando prevista su aprobación antes de finalizar el presente año. Quien contamina paga Supondrá una inversión de 101,3 millones de euros, de los que el 89% será aportado por las constructoras en virtud del principio de quien contamina paga y, el resto, mediante financiación pública. Si en la actualidad, llevar una tonelada de escombros al vertedero costaba veinte céntimos, con la aprobación del Plan, depositarla en un gestor costará entre 9,5 y 16 euros (dependiendo de las condiciones del residuo), precio que el consejero considera «asumible por el sector y una cantidad insignificante teniendo en cuenta el precio final de una vivienda, aunque lo más probable es que las constructoras acaben trasladando ese coste al consumidor». Las ventajas, en cambio, serán medioambientales y supondrá la creación de puesto de trabajo. Las plantas situadas fuera de las capitales de provincia se ubicarán en torno a áreas de influencia de 35 kilómetros teniendo en cuenta criterios como los residuos generados en el municipio, las posibilidades de transporte, evitar las zonas con protección ambiental y otra serie de análisis multicriterio. En Castilla y León funcionan actualmente tres plantas de tratamiento de RCD ubicadas en Ávila, Burgos y Segovia, y otras tres más pequeñas.