Garantizado el acceso a la justicia en materia medio ambiental

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M. M. Aller - león
León

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El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley por la que se regulan los derechos a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en materia de medio ambiente, lo que significa que disminuirá la indefensión de los ciudadanos ante decisiones que afectan al medio ambiente, a su salud y calidad de vida. Este nuevo texto legal supone la adaptación de la legislación española al Convenio de Aarhus, que obliga a los estados firmantes a garantizar la participación pública en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente, al tiempo que asegura a los ciudadanos los derechos de acceso a la información ambiental, así como a la justicia en esta materia. El convenio, firmado en la ciudad de Aarhus en 1998, entró en vigor en octubre de 2001 y tiene consecuencias relevantes en las relaciones entre los ciudadanos y las autoridades públicas, favoreciendo la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible, más participativo y más democrático. En materia de acceso a la información, la Ley reconoce el derecho del ciudadano a solicitar la información ambiental y ser atendido por las autoridades con mayor exigencia en cuanto al plazo y al contenido de la respuesta respecto a la legislación vigente. Impone asimismo la obligación de las administracionesde difundir toda la información que pueda ser relevante para los ciudadanos, sin necesidad de que les sea requerida. En cuanto al acceso a la justicia, la nueva ley reconoce el derecho del público a impugnar las decisiones administrativas que vulneren sus derechos de información y de participación en materia de medio ambiente. Se reconoce expresamente la acción popular a favor de las Ong y de las personas sin ánimo de lucro, entre cuyos fines esté la defensa del medio ambiente, para impugnar cualquier vulneración del ordenamiento jurídico ambiental imputable a una autoridad pública, así como para denunciar cualquier omisión imputable a una administración pública que suponga un incumplimiento de la legislación ambiental.

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