Narbona propone gravar el gasto de agua que supere los 60 litros diarios

Cristina Narbona, titular de Medio Ambiente, volvió ayer a poner el dedo donde duele. En medio de su cruzada en favor de un uso eficiente del agua en un país como España, con sed crónica, la ministra animó a los ayuntamientos a implantar las tarifas por tramos de consumo: más caras cuanto mayor sea el gasto hídrico del hogar. Cada español usa una media de 171 litros de agua al día (INE, 2004), uno de los consumos «per capita» más altos del mundo; en Zimbabwue se apañan con diez litros. Narbona presidía ayer el Consejo Nacional del Agua y dijo lo que ya ha dicho otras veces. El agua es un bien escaso en España y, a pesar de ello, muy barato, tanto en su uso urbano (20%) como agrícola (80%). Los ayuntamientos son los encargados de fijar las tarifas del suministro doméstico y apenas unos pocos incentivan el ahorro y penalizan el despilfarro. Ciudad Real, Gerona, Las Palmas, Granada, Salamanca, Barcelona y Oviedo son algunas de las ciudades donde sí paga más quien más abre el grifo, y Madrid dispone de bonificaciones para los ahorradores. Pero son excepciones y Narbona recomendó generalizar estas prácticas sensatas. Los precios escalonados según consumo como estímulo al ahorro debieran ser «un principio de común aceptación en nuestra legislación», aseguró. Reforma inminente Ésta podría ser una de las modificaciones que incorpore la Ley de Aguas, cuya reforma es inminente. La ministra propondrá además que la futura norma asuma como principio general el derecho de todos los ciudadanos al agua potable, en una cuantía mínima de 60 litros por habitante y día, «a partir de una estructura de tarifas que incorpore un uso eficiente del agua». Narbona aclaró después que no significa que se penalice el consumo a partir de esa cantidad, sino de plasmar por ley y en cantidades promedio válidas en distintas regiones del mundo la filosofía que rige en los foros internacionales sobre el agua y el medio ambiente. La Ley incluirá con toda seguridad el principio de recuperación de costes vigente en la UE. La directiva marco de Aguas obliga a los estados miembros a repercutir en el precio del suministro de agua el coste de las infraestructuras hidráulicas, los costes medioambientales y financieros, en 2010 a más tardar. La reforma de la Ley de Aguas servirá también para reformar la composición del Consejo Nacional del Agua. El Ministerio pretende «devolverlo» a la sociedad civil, convertirlo en un órgano consultivo con participación exclusiva de expertos, oenegés, y organizaciones sectoriales (regantes, asociaciones ciudadanas, empresariales, sindicales, ecologistas, etc.), y sin representación gubernamental.