Andalucía pone en vigor la Ley antibotellón para conciliar derechos

La Ley sobre potestades administrativas en materia de actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, conocida como Ley antibotellón, entró ayer en vigor con el objetivo de que los jóvenes puedan divertirse sin entrar en conflicto con los derechos del resto de los ciudadanos. La nueva norma, aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 11 de octubre con el único apoyo del PSOE-A y sobre la que IU hizo un llamamiento a la «desobediencia civil», da cobertura jurídica a los ayuntamientos para regular las concentraciones al aire libre, lo que permite a las policías locales intervenir las bebidas del «botellón», clausurar temporalmente los establecimientos infractores y precintar vehículos de venta ambulante. A partir de ayer, los alcaldes tienen potestad sancionadora mediante multas que oscilan entre los 600 y 60.000 euros.