Incautan como juguetes en un año más de 70.000 trastos irregularesUncomercioqueolvidala seguridad

En estas fechas navideñas, cuando se concentran el 75% de las compras de juguetes, no sólo los comerciantes sufren la histeria de padres y niños. También los inspectores de consumo incrementan sus esfuerzos por sacar de la circulación aquellos cachivaches peligrosos para la integridad del menor. Buscan pistolas de plástico, arcos con flechas o peluches sonoros que pudieran incumplir la normativa europea de seguridad, debido al alto riesgo de provocar asfixia o lesiones diversas. Las Comunidades Autónomas ya han capturado este año 70.728 juguetes de este tipo, en su mayoría procedente del mercado chino. La actividad de los inspectores de consumo de las Comunidades Autónomas se ha intensificado en los dos últimos años, sobre todo desde la sucesión de dos hechos acaecidos en menos de siete meses. Primero la operación llevada a cabo por la Policía Nacional en un polígono de Fuenlabrada (Madrid), en diciembre de 2004, en la que requisaron dos partidas de miles de juguetes falsificados procedentes de China, y que, según las fuerzas del orden, podrían haber llenado 12 camiones; en segundo lugar, la muerte de un niño en León, en agosto de 2005, cuando jugaba con una flecha de plástico de la que se desprendió una ventosa, causándole una asfixia súbita. Dos hechos en apariencia inconexos pero que con el paso del tiempo fueron adquiriendo vínculos. No directos, pero sí colaterales, que dieron a conocer el 'modus operandi' que facilita la penetración en España de juguetes de apariencia legal pero con un alto riesgo para la seguridad de los niños menores de tres años. Así ocurrió con el artefacto que ahogó al menor de cuatro años en León, y que en principio cumplía todos los requisitos legales: contenía el sello CE, el domicilio del responsable de la distribución -un empresario valenciano-, su fabricación en China y el capítulo que verificaba la seguridad, de la misma forma que los cachivaches requisados en Fuenlabrada. Todo parecía en regla, si bien el etiquetado de los productos de las jugueteras españolas que han diversificado su actividad hacia China, donde los costes laborales son muy inferiores, era similar al certificado que contenía la «flecha asesina». Materiales frágiles Una vez conocido el trágico suceso del niño de León -el último de este tipo del que se tiene constancia-, los inspectores de consumo se pusieron manos a la obra para localizar ejemplares con idénticas características, hasta hallar en pocos días medio centenar de artefactos parecidos en establecimientos de la comunidad. Estos fueron remitidos al centro de control de calidad del Instituto Nacional de Consumo, con sede en Madrid. Sus técnicos confirmaron que las etiquetas eran aparentemente legales, pero los proyectiles tenían irregularidades en cuanto al material. Aseguraron que la ventosa de la flecha se desprendía al emplear una fuerza menor a la que establece la normativa, que corresponde a 60 'newtons' (unidad de fuerza de tracción empleada para estos artilugios). Además observaron que la leyenda no incluía determinadas advertencias menores. El Instituto Nacional de Consumo emitió entonces una red de alerta a las comunidades autónomas y a la Unión Europea para sacar de la circulación juguetes con estas características. Sólo en Castilla y León se retiraron días después 570 juguetes similares. Los más peligrosos No siempre la notificación de un juguete peligroso al Instituto Nacional de Consumo conlleva la emisión de una red de alerta. Por ejemplo, hasta estas navidades la oficina de control había recibido 422 cachivaches con sospechas de incumplimiento frente a los 804 del año anterior, de los cuales 234 (un 58%) mostraron alguna irregularidad, las más frecuentes en el etiquetado. Estas pruebas, unidas a las llegadas desde la Unión Europea, sumaron un total de 307 notificaciones de alertas durante 2006, que han supuesto la retirada o destrucción de 70.728 juguetes. Los productos más peligrosos fueron artefactos con proyectiles (pistolas o arco con flechas), como la del suceso de León; trastos blandos para apretar con o sin dispositivo sonoro (muñecos o animalitos con silbatos); teléfonos de plástico, peluches y muñecas. Entre los riesgos que originaron las notificaciones destacaron los de asfixia, seguido de lesiones diversas que podrían ser provocados por aristas punzantes, afecciones a la audición y ojos, intoxicación, quemaduras y descargas eléctricas. Las comunidades que mayor número de alertas originaron este año fueron Galicia (27), Madrid (20), Andalucía (14), Murcia (10) y País Vasco (6). Valencia, región donde se ubica el 'valle del juguete', tan sólo registró una. A una semana escasa del día de Reyes, los inspectores autonómicos siguen rastreando establecimientos para capturar nuevos juguetes que el Instituto Nacional de Consumo actualiza regularmente en su lista de los más peligrosos y que sin lugar a dudas siguen aumentando El 75% de las exportaciones de juguetes del planeta proviene de la provincia sureña china de Cantón, y la UE es su segundo mayor comprador. Dentro de las «importaciones problemáticas» comunitarias, uno de cada cuatro casos es de juguetes, y un 85% de los mismos proceden de China. La Asociación de Fabricantes de Juguetes ha denunciado en ocasiones anteriores que las aduanas europeas son «auténticos coladeros», ya que los puertos compiten entre sí por atraer el volumen de contenedores que llega desde China, y pocos se arriesgan a un control exhaustivo que los desviaría hacia otros puertos. El volumen de artilugios llegados de ese continente es, por lo tanto, indescifrable. Si bien se sabe que una parte de los 1,3 millones de contendedores descargados en España el pasado año contenían juguetes, y que las empresas nacionales le compraron a China trastos valorados en 647 millones de euros. Este comercio tan brutal deja aparcado, por el momento, mayores exigencias en el capítulo de la seguridad, quebradero de cabeza de las autoridades europeas. Aunque el gobierno de Pekín ha prometido endurecer sus propias normas de calidad a partir de junio de 2007, con exigencias equiparables a las de la legislación europea, de momento el riesgo continúa a la espera de soluciones