El Congreso da luz verde a la norma que intenta evitar que el Estado pague siempre los daños
La nueva Ley Ambiental fuerza a las empresas a contratar seguros
Miles de compañías tendrán que suscribir pólizas o proveer fondos para pagar los posibles daños
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El Congreso aprobó este jueves definitivamente la Ley de Responsabilidad Ambiental, que obligará a miles de empresas a suscribir seguros de garantía o proveer fondos para hacer frente a los posibles daños medioambientales causados por su actividad. El primer objetivo de la norma es hacer cumplir el principio de que quien contamina, ensucia o deteriora, paga y repara los daños. El segundo, evitar que esos costes recaigan siempre en el erario público. El texto llegó del Senado con algunas modificaciones que, en su mayoría, recibieron el aval decisivo de la Cámara Baja. Una de las más discutidas fue la que suaviza las exigencias para las empresas españolas que reciban fondos públicos y operen en el extranjero. En lugar de regirse por la normativa nacional, más exigente a partir de ahora, se sujetarán a los convenios internacionales y a las leyes locales, poco exigentes en países del llamado Tercer Mundo. ERC e IU-ICV reprocharon a los socialistas «haber optado por lo peor». «Esas empresas no tendrán ninguna responsabilidad medioambiental cuando salgan al extranjero», lamentó Joan Herrera (IU-ICV). Salvo este extremo, el consenso a favor de la ley fue general. La Ley de Responsabilidad Ambiental obligará, entre otras, a más de un millón de explotaciones agrarias, más de 5.000 empresas industriales y cerca de 30.000 compañías de transporte de mercancías. A partir de 2011 deberán contar con garantías financieras -pólizas de seguro o mecanismos similares- ante posibles desastres medioambientales, tanto más exigentes cuanto mayor sea el daño potencial que puedan causar las actividades de la empresa. Sólo quedarán exentas aquellas cuyos eventuales perjuicios impliquen pérdidas por debajo de los 300.000 euros. En esos casos, el Ministerio de Medio Ambiente se hará cargo de las reparaciones. Cuando los daños puedan ser mayores, entre 300.000 y dos millones de euros, los operadores podrán suscribir garantías financieras o sumarse al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental. Por encima de los dos millones de euros será obligatoria la póliza de garantía financiera.