Güemes razona el cese del doctor Montes por causas organizativas

El Gobierno de Esperanza Aguirre considera que no debe pedir perdón ni restituir a Luis Montes como coordinador de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, del que dice ahora que le destituyó por causas «organizativas». Aguirre rechaza así la cascada de peticiones que ha habido en ese sentido desde los partidos de la oposición, sindicatos y asociaciones, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de ratificar el sobreseimiento y archivo del caso de las presuntas sedaciones irregulares en el Severo Ochoa y de ordenar que se suprima toda referencia a la posible mala práctica de los médicos denunciados como había pedido en su recurso de apelación Montes. El consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, señaló ayer que la decisión que se adoptó en su día de destituir al doctor Montes estuvo «bien tomada» y no se debió a «causas disciplinarias», sino a «razones organizativas». Güemes aseguró además que el funcionamiento de las urgencias del Severo Ochoa «ha mejorado notablemente» desde que el doctor Montes fue apartado del cargo de coordinador y, en todo caso, ha insistido en que se trataba de un puesto «de libre designación». Y recordó además que Luis Montes «recurrió en su momento el cese de la Consejería de Sanidad» y la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJM «dio la razón» a la comunidad de Madrid. El líder del PP, Mariano Rajoy, en una entrevista con Antena 3 , reconoció desconocer el asunto, salvo lo que había leído, y dijo: «Creo que hubo una denuncia y las denuncias no siempre te dan la razón». El entonces consejero de Sanidad y ahora de Transportes e Infraestructuras del Gobierno de Aguirre, Manuel Lamela, que relevó a Montes e impulsó el caso tras hacerse eco de dos denuncias anónimas cuando era el responsable de la Sanidad madrileña, guarda silencio desde que se hizo público el auto de la Audiencia. Las portavoces del PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez e Inés Sabanés, exigieron el «cese» de Lamela como muestra de asunción de su «responsabilidad política» en el caso. Y reclamaron también al Gobierno regional que «restituya» a los facultativos que fueron apartados de sus puestos en dicho hospital y que la presidenta Esperanza Aguirre «pida perdón» a esos profesionales.