Jóvenes de CyL piden un plan de empleo específico en la Comunidad
Los jóvenes de Castilla y León demandaron ayer un plan de empleo específico ante la precariedad laboral y desempleo que sufren, especialmente entre las mujeres.
En un comunicado, el Consejo de la Juventud de Castilla y León ha reivindicado, en el Día Internacional del trabajo, la situación de las personas jóvenes, debido a que es el colectivo de la población que más sufre la precariedad laboral, teniendo en cuenta el observatorio de emancipación del 2º semestre de 2020 de Castilla y León.
El Consejo destacó que al igual que en el resto de España, la juventud de Castilla y León apuntó una leve recuperación durante el segundo semestre de 2020, aunque sin volver a los niveles previos a la crisis de la covid.
A finales de 2020 un 37,6% de las personas jóvenes de Castilla y de León estaba trabajando, mientras que en los 6 meses anteriores lo hacía un 34% de los jóvenes.
La tasa de pobreza o exclusión social (Arope) de la población joven de Castilla y León se situaba en el 17,9%, siendo mucho menor que en el resto de las comunidades autónomas, con más pobreza entre las mujeres.
El salario medio percibido en Castilla y León se situó en 2020 en 10.634,84 euros netos anuales, con una diferencia de casi mil euros por debajo del promedio estatal. Las mujeres de entre 16 y 29 años ingresaron menores importes salariales que los hombres de su misma edad, con una brecha de 634,14 euros netos anuales.
La situación de empleo afectó también en el acceso de la población joven a la vivienda, con un alquiler medio de 349,02 euros mensuales en 2019, subiendo un 19,95% en apenas un año. En 2020 un 17,8% de las personas jóvenes emancipadas vivía en viviendas cedidas, generalmente por sus familiares.
«Por todo ello, resulta necesario que desde las administraciones públicas se tomen medidas y acciones que impulsen el empleo en la comunidad y el acceso a la vivienda de la población joven de Castilla y León», exigió el Consejo, que reclamó planes de reactivación de empleo juvenil, así como mantener y reforzar los ya existentes como es «Garantía Juvenil en el caso de nuestra comunidad autónoma».
Pidieron también «establecer medidas que contemplen el acceso del colectivo juvenil al Ingreso Mínimo Vital, un bono joven de ayudas a la contratación, para facilitar la incorporación de jóvenes de Castilla y León a empresas de nuestra comunidad, favorecer medidas de acción positiva en la contratación de mujeres en sectores donde están infrarrepresentadas y contemplar las dificultades aumentadas de las personas jóvenes con discapacidad en los planes de empleo, así como crear programas para ofrecer oportunidades de empleo dignas para las personas con discapacidad y procurar al máximo su integración y empoderamiento».