García Castellón acusa a Puigdemont por un delito de terrorismo no amnistiable

Manuel García Castellón se reafirmó este jueves en sus imputaciones contra el expresident huido, al que situa en el «vértice más alto» de Tsunami Democràtic, la plataforma que promovió los graves incidentes que el juez considera «terroristas» de otoño de 2019.

Pero el juez va más allá y acusa esta vez expresamente a Puigdemont de encabezar una plataforma que, con sus ataques a dos policías nacional que resultaron gravemente heridos el 18 de octubre de 2019 cuando miles de radicales respondieron al llamamiento de Tsunami para cercar la sede de la Jefatura Superior de Policía en la ciudad condal, pudo tener un «animo homicida». Y que, por tanto, violó con sus acciones violentas el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y, precisamente, ese artículo 2 está expresamente excluido de la redacción final que se ha pactado para la ley de amnistía. En ese apartado se especifica que del borrado de las causas se excluyen los delitos terroristas «siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos».

Manuel García Castellón vuelve a cargar con sus acusaciones contra Tsunami y contra Puigdemont. Y lo hace precisamente aprovechando un auto en el que rechaza el recurso de una de las investigadas en esta causa, Marta Molina, contra la personación en el procedimiento de los dos agentes de policía que sufrieron heridas de gravedad en los incidentes ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona.

Molina, con la adhesión de la Fiscalía que se empeñaba en desvincular a Tsunami de aquellas algaradas, alegaba que esos actos no eran imputables a esa plataforma, sino a los CDR, «por lo que no se podían vincular a la causa en la que se personaron los agentes».

El juez señala que este argumento «no puede servir para eximir de responsabilidad alguna a Tsunami, como si la presencia de unos desplazase totalmente la responsabilidad de otros». «Tsunami Democràtic no fue invitado de piedra a las movilizaciones que sacudieron diferentes ciudades de Cataluña y que tuvieron como uno de sus escenarios más cruentos los hechos que se desencadenaron en la Vía Laietana y en la Plaza Urquinaona de Barcelona», abunda García Castellón, quien no deja pasar la ocasión para, una vez más, arremeter contra Puigdemont.

«Los indicios apuntan a una participación de Tsunami en los hechos acaecidos aquel día, y resulta en este sentido especialmente llamativa, como indicio incriminador, la conversación mantenida entre Carles Puigdemont , que este instructor sitúa en el vértice más alto de la organización», y el investigado Josep Campmajó», apunta García Castellón. En esa conversación, cuyos metadatos la sitúan entre los días 18 y 19 de octubre de 2019, Puigdemont afirmó «intentamos que el Gobierno se ponga las pilas.» A lo que Campmajó respondió: «President. Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado». En esa línea, abunda el juez, Carles Puigdemont se felicitó por la «imagen exterior» que estaban dando los disturbios de Tsunami, ya que «la opinión generalizada es que hay una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas». «El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro», apuntaba el ya expresidente. «Con esta aseveración, Puigdemont parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales, y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción, para frenar esta posibilidad», zanja el juez.