Mañueco compromete más fondos para Agricultura y para seguros
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer a las organizaciones agrarias un aumento de las cuantías de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, lo que afectará al complemento de los seguros agrarios, que se elevará casi un ocho por ciento, tras pasar de diez a 13 millones de euros en 2023.
Este jueves, Fernández Mañueco participó en la reunión del Consejo Regional Agrario, donde trasladó a los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) su «total compromiso y apoyo» al sector por ser de «vital importancia» para la Comunidad y una fuente de riqueza para todos los castellanos y leoneses.
Asimismo, el presidente de la Junta avanzó que convocará nuevas ayudas para todos aquellos ganaderos que se han quedado fuera de la línea para hacer frente a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), cuyos pagos, cercanos a los seis millones de euros, ya se han realizado. Además se refirió a las ayudas a la sequía, a las que se han destinado un total de 145 millones de euros de fondos propios o los planes de modernización de regadíos.
En ese sentido, el presidente destacó la construcción de las primeras balsas o el impulso al relevo generacional para garantizar el futuro del mundo rural. También, avaló el acuerdo firmado con las organizaciones agrarias para llevar la voz de Castilla y León al Ministerio y a la Unión Europea, con propuestas para modificar la PAC.
Sin embargo, las organizaciones agrarias reclamaron un incremento del presupuesto para la Consejería de Agricultura, que «ha perdido peso» en las cuentas de la Comunidad en los últimos ejercicios, así como más inversiones en regadíos, ayudas a la sequía y otras enfermedades o plagas, así como que se trabaje para introducir cambios en la nueva PAC. De la misma forma, reivindicaron más inversiones en las concentraciones parcelarias o los regadíos.
Por un lado, Asaja planteó un un decálogo de reivindicaciones para disponer de seguros agrarios «universales, con coberturas amplias y asequibles» y para introducir cambios en la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) ya que rechazó el «barbecho obligatorio y de aspectos como la rotación y diversificación de cultivos». También demandó un mayor impulso de los regadíos y el relevo generacional, y la limitación a los «macroparques» fotovoltaicos.
La Alianza UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) pidieron por su parte una mayor inversión autonómica en política del agua y regadíos, en un contexto de cambio climático, en el que este factor «será clave para asegurar la capacidad de producir alimentos y garantizar la seguridad alimentaria», por lo que abogaron por que sea una «prioridad absoluta de las administraciones».