El Gobierno blinda el aborto público

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de reforma de la Ley del Aborto, que ha enviado a las Cortes y cuyo objetivo es blindar la interrupción del aborto en la sanidad pública —en el hospital público más próximo a su casa—, pero también regula otros derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como las incapacidades temporales por reglas dolorosas pagadas desde el primer día por la Seguridad Social y sin número concreto de días.

Cuando la ley entre en vigor, que se espera a finales de año, las jóvenes de 16 y 17 años ya no necesitarán el consentimiento para interrumpir su embarazo de forma voluntaria, por lo que se suprime el requisito que incorporó en 2015 el PP en su modificación de la ley vigente de 2010.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Igualdad, Irene Montero, resaltó que el derecho a decidir sobre su propio cuerpo forma parte de un derecho fundamental, el de la salud.

La ministra acusa al Consejo General del Poder Judicial, de «no haber hecho su trabajo», pues no ha emitido en los plazos que marca la legislación el informe preceptivo aunque no vinculante sobre el proyecto de ley del aborto. «No se puede paralizar un proyecto porque el CGPJ no hace su trabajo y no cumple con los plazos establecidos para emitir informes sobre proyectos que les remite el poder Ejecutivo», reprochó la ministra en una entrevista en RNE en la que, sin embargo, señaló que cuando este órgano «haga su trabajo» ese informe se incorporará en la tramitación parlamentaria que se iniciará en los próximos meses.

 

La norma crea un registro autonómico para que los médicos que no estén dispuestos a practicar abortos ejerzan por anticipado su derecho a la objeción de conciencia y, al tiempo, manda a las autonomías que, con esa información, organicen los hospitales públicos para que siempre haya al menos un profesional que pueda cumplir, a su vez, con el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Es la fórmula para acabar con las artimañas que obstruyen el ejercicio de este derecho y que explican que el 85% de las intervenciones se hagan en clínicas privadas, que los hospitales públicos de Madrid o Castilla y León no realicen un solo aborto o que nueve provincias no se hayan practicado siquiera una estas operaciones desde que en 1985 Felipe González las legalizase en tres supuestos.

La ley impulsada por el ministra de Igualdad crea, por primera vez en Europa, una baja médica sufragada completamente por el Estado que cualquier mujer diagnosticada de patologías o cuadros médicos que causen reglas invalidantes podrá solicitar a su doctor los meses que no esté en condiciones de ir a trabajar por los intensos dolores. No precisa de período de cotización mínimo ni tiene límite de días. «Se acabó ir a trabajar con dolor. La regla dejará de ser un tabú», subrayó hoy desde La Moncloa Irene Montero.

La ley de salud sexual y reproductiva, que también crea un permiso prenatal remunerado desde la semana 39 y que garantiza el derecho a una convalecencia pagada para toda persona que sufra un aborto, voluntario o no, revierte la reforma que el PP impuso en 2015 con sus únicos votos. Una vez el nuevo texto se publique en el BOE, las chicas de 16 y 17 años ya no precisarán del permiso paterno para interrumpir voluntariamente su embarazo.

Los plazos no varían respecto a la ley de 2010. El límite para la interrupción voluntaria del embarazo son las primeras 14 semanas de gestación, pero permite la intervención hasta la 22 si se dan malformaciones fetales o riesgo vital para la madre.

Suprime el período de reflexión de tres días, el tiempo que por ley debía esperar la mujer antes de poder ratificar su intención de abortar. De igual manera, dejará de recibir, salvo que lo pida explícitamente, el sobre sellado con la información acerca de ayudas de apoyo a la maternidad.

El punto central es que garantiza los abortos en hospitales públicos. Para lograrlo, regula de forma más estricta la objeción de conciencia. Habrá un registro autonómico para que las autoridades puedan organizar los servicios. La objeción será individual, previa, escrita y vetará los abortos en la pública y en la privada.

Todas las embarazadas tienen derecho a una baja desde la semana 39 hasta el parto. El permiso ha menguado durante la negociación. Igualdad lo pedía desde la semana 36. Al final, las embarazadas tendrán de media una semana en vez de las cuatro que se barajaron inicialmente.

Incluye una baja para las mujeres que sufran una interrupción del embarazo, sea voluntaria o no deseada. La convalecencia, sin duración fija, busca paliar situaciones de incapacidad tanto física como anímica.

Los hospitales tendrán protocolos idénticos de buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente en el parto y el posparto. Se deberá recabar siempre el consentimiento informado de la paciente, que será quien decida qué procedimientos autoriza y cuáles no. Se perseguirá el abuso de cesáreas y de episiotomías.

Además de la gestación subrogada, el texto incluye también explícitamente como formas de violencia machista, prohibidas y perseguibles en España, la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad intelectual y el embarazo y aborto forzados.

El Gobierno aspira a que el Parlamento apruebe la nueva ley del aborto y la remita al BOE para su entrada en vigor antes de que termine el año. Eso quiere decir que los dos partidos del Ejecutivo van a tratar de tramitar la norma con la máxima urgencia tanto en el Congreso como en el Senado, pues quieren que ambas cámaras completen su ciclo de registro, debate, enmiendas y aprobación en un tiempo casi récord de tan solo tres meses.