Editorial | Sánchez convoca una segunda vuelta para evitar desangrarse
El sistema constitucional española otorga una especie de ‘acción de oro’ al presidente del Gobierno que le facilita la posibilidad de celebrar elecciones generales casi en cualquier momento. Pedro Sánchez, tras la debacle socialista del domingo, anunció ayer una convocatoria que será de manera automática una especie de ‘segunda vuelta’. La iniciativa es legítima, pero se convierte en una complicación añadida para la formación de los gobiernos en los ayuntamientos, diputaciones y en un buen número de autonomías. Se ataca de algún modo esa obligación que tienen las instituciones de impulsar y preservar la estabilidad guiados por el que tiene que ser su principal fin: el bienestar de los ciudadanos.
Complicar los pactos supondrá la ausencia de mayorías estables rápidas, generando dificultades para la gobernabilidad. Y tendrá probablemente un efecto directo sobre la Presidencia española de la Unión Europea, que arrancará en un mes.
Desde la lógica política, la decisión de Pedro Sánchez puede ser vista como un gesto de generosidad para adelantar lo que muchos auguran como un cambio de ciclo político. Pero también es entendible que se le achaque un intento agónico de evitar un largo final de mandato desangrándose de día en día, entre otras cosas, porque su partido tendrá que pactar con los proetarras y los independentistas en lugares como Navarra, el País Vasco o Cataluña. Sin duda, esos acuerdos de política ‘frankestein’ y las leyes polémicas —muchas obra de sus compañeros podemitas de Gobierno— están detrás del fracaso del domingo. Un declive que muchos leen como un desastre personal de Pedro Sánchez y su equipo, más allá de un partido, el PSOE, que ha visto como alteraban las que deberían ser sus coordenadas permanentes.
En todo caso, Sánchez parece claro que complica las cosas a sus socios por el escaso margen para concretar con qué siglas concurrirá la extrema izquierda. Y también torpedea al PP sus pactos con Vox, que afectarán a numerosísimos lugares, y donde parece previsible que se repita la campaña alentada por algunos en Castilla y León, intentando deslegitimar la entrada de formaciones de extrema derecha en el gobierno de las instituciones.