Garantizar la justicia a pesar de la situación
Los 1.800 profesionales del Colegio de Abogados realizaron una gran labor este año
Fernando Rodríguez Santocildes es el Decano del Colegio de Abogados de León, una corporación de derecho público constituida en el año 1844, e integrada por mil ochocientos profesionales en la provincia de León que ejercen profesionalmente la dirección y la defensa de los ciudadanos en toda clase de procesos, el asesoramiento y el consejo jurídico. La abogacía es una profesión que durante la crisis sanitaria y desde el primer estado de alarma viene considerándose como una actividad esencial para la ciudadanía.
Destaca el decano el importante trabajo llevado a cabo por los abogados y abogadas adscritos a los servicios del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita que han continuado prestando, a pesar de la difícil situación, los servicios de asistencia letrada a personas detenidas y mujeres víctimas de violencia de género, garantizando el derecho a la justicia a aquellas personas que carecen de recursos o se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el Colegio de Abogados de León facilitó a los profesionales, desde el primer día, equipos de protección individual para poder garantizar el ejercicio de la actividad de manera segura. Como reconocimiento a dicha labor, el Ayuntamiento de León dedicó en 2020 una calle a la Abogacía de Oficio.
El Decano señala que la crisis sanitaria y la situación creada para evitar, en la medida de lo posible, la presencialidad en su actividad profesional, ha conllevado un impulso importante hacia la innovación tecnológica en la abogacía y en la administración de justicia; «una innovación tecnológica que ya no tiene marcha atrás y para la que los profesionales y el Colegio han realizado un importante esfuerzo personal, formativo y económico para adaptarse a las exigencias que se derivan de la digitalización de sus despachos y la realización de juicios y diligencias judiciales telemáticas así como la comunicación a través de medios electrónicos con todas las administraciones públicas.».
«La administración de justicia también ha vivido este impulso, pero debería contar con medios tecnológicamente suficientes, eficaces y seguros para ello a fin de evitar la interrupción sistemática, de juicios y vistas por problemas tecnológicos, que en muchas ocasiones conlleva la suspensión de los mismos con la imposibilidad de desarrollar las actuaciones judiciales de manera continuada y en unidad de acto».
El ciudadano que confía la solución de su problema a la administración de justicia y a los profesionales, no debería percibir la imagen de una justicia precaria en los medios. El impulso tecnológico ha posibilitado igualmente mantener la formación continuada y permanente de los profesionales que se imparte online desde el Colegio de Abogados.
La crisis sanitaria también ha evidenciado la urgente necesidad de regular normativamente, el derecho a la conciliación familiar y profesional de los abogados y abogadas, y su equiparación a la situación de la que disfrutan los funcionarios y trabajadores de Administración de Justicia; la conciliación familiar y profesional es un derecho y una condición fundamental para garantizar la igualdad en la sociedad.
Es necesario regular normativamente de manera expresa la suspensión de los señalamientos y procedimientos incorporando diversos supuestos relacionados con permisos y bajas por maternidad y paternidad, embarazo de riesgo, enfermedad o accidente tanto del profesional como de parientes próximos, entre otros supuestos.