La suspensión de desahucios y la moratoria de alquileres se prorrogan hasta el 9 de agosto

El próximo domingo finaliza el estado de alarma, pero no significa esto que decaigan todas las medidas que el Gobierno puso en marcha para paliar sus efectos negativos sobre el tejido económico y social. Así, a la espera de la nueva ampliación de los Erte, el Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros un real decreto mediante el cual se prorrogan otros tres meses más las medidas estrella del llamado escudo social: la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables, así como el bono social para combatir la pobreza energética. Unas medidas que ya había anunciado el presidente Pedro Sánchez el pasado 14 de abril.

Esta norma pretende dar respuesta a "medidas que necesitaban soporte legal para mantenerse en el tiempo", ya que estaban condicionadas al tiempo de vigencia del estado de alarma, según explicó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

La fase de recuperación aún no está en vigor, lo que, unido a los últimos retrasos en el proceso de vacunación y la parálisis de muchas actividades, impide a los colectivos más vulnerables poder hacer frente a sus pagos. Por eso se amplía durante un trimestre más, hasta el próximo 9 de agosto, la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública. Esta medida, que no afecta a pequeños propietarios de vivienda, solo puede ser solicitada una vez durante todo el periodo en el que ha estado vigente. También se extienden los contratos de arrendamiento de vivienda, que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor si cumplen las condiciones exigidas por la norma. Además, también alcanza a la suspensión de desahucios de inquilinos sin alternativa habitacional, entre los que se incluyen los hogares sin contrato cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores a cargo.

Luz y agua garantizados

Para los consumidores vulnerables se amplía tres meses más la prohibición de cortar suministros básicos como el agua, la electricidad y el gas natural, una prórroga que se extiende a los perceptores del bono social.

Mientras tanto, prosiguen las negociaciones dentro del propio Gobierno de la controvertida Ley de Vivienda, que ha encontrado en la posibilidad de limitar las subidas de los alquileres en determinadas zonas tensionadas de precios uno de sus principales escollos para llegar a un acuerdo entre ambos partidos. Sí lo han logrado en materia de IBI, ya que la futura legislación incluirá el recargo en el recibo de la contribución como la fórmula que grave pisos vacíos, aunque aún falta acordar la cuantía.

Asimismo, se suspende la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios hasta el 31 de diciembre de 2021, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual, y, durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno.