El Gobierno calcula que la renta mínima vital costará 3.000 millones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha aclarado una de las grandes dudas que existían sobre el proyecto del ingreso mínimo vital. Su coste para las arcas públicas. Ayer aclaró que serán 3.000 millones de euros al año. Ese es el «esfuerzo» que va a realizar el Estado, según el ministro, quien aclaró que se trata de una cifra «prudentemente tentativa».

La cuantía es inferior a cualquiera de las que se barajaban hasta ahora para poner en marcha esta medida que se encontraba incluida en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. La Autoridad Fiscal (Airef) estimaba en el informe que elaboró el año pasado sobre el ingreso mínimo que supondría un coste de 5.000 millones para las arcas públicas, aunque gracias a la supresión de duplicidades con otras rentas autonómicas, el impacto presupuestario sería de 3.500 millones, por encima de la cifra indicada este martes por Escrivá. De hecho, esos 3.000 millones serían menos de la mitad de lo que calculaba la iniciativa legislativa popular presentada en febrero de 2017 por UGT y CC OO. Esta reducción con respecto a los primeros cálculos se explica porque la Seguridad Social ha analizado datos reales de ingresos de los potenciales beneficiarios, a través del cruce de estadísticas con la Agencia Tributaria. «Ya no son estimaciones de encuestas», ha aclarado el ministro. Además, Seguridad Social ha tenido en cuenta la red de ayudas autonómicas en vigor, que completarán el «mínimo nacional» que aprobará el Ejecutivo, lo que les ha permitido ahorrar una parte de ese coste consolidado para las arcas públicas.

Sin concretar la cuantía En cualquier caso, José Luis Escrivá no ha aclarado cuál va ser ese importe mensual que van a recibir las familias vulnerables para completar otros ingresos con los que poder subsistir por encima de los niveles de pobreza. Tampoco el número de familias potencialmente beneficiarias. Los cálculos de la Airef anticipaban aproximadamente un millón, lo que supondría hasta cuatro millones de personas protegidas con esa medida. La cifra del importe que van a cobrar se la reserva previsiblemente para cuando el Gobierno haga oficial el anuncio posterior al Consejo de ministros que dará luz verde a la medida en la segunda quincena de este mes de mayo.

Escrivá también ha indicado que está previsto que, durante el mes de junio la podrán comenzar a cobrar los hogares acogidos a la misma, aunque sin especificar fechas concretas.