El Gobierno reclama a la Junta que prescinda del Procurador del Común

El Gobierno sugerirá a las comunidades autónomas que eliminen determinados organismos cuyas funciones podrán ser asumidas a nivel estatal, entre ellas los tribunales de cuentas, los defensores del pueblo, o las agencias de protección de datos, entre otros, que en Castilla y León afectaría, entre otros al Consejo de Cuentas y al Procurador del Común.

Esta es una de las propuestas que también recoge el informe de la Cora tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican para la administración autonómica. Se ha estudiado así la posibilidad de que esos servicios que hasta ahora ofrecían las autonomías sean prestados por un órgano estatal, «con igual o mejor calidad» y a menor coste.

Es el caso, explica el informe, de las competencias atribuidas a los tribunales de cuentas, las agencias de protección de datos, las juntas consultivas de contratación administrativa, los tribunales administrativos de recursos contractuales o las agencias de evaluación del ámbito universitario.

También cita a las agencias autonómicas de la energía, las agencias de meteorología, los órganos de inspección de aeropuertos, los institutos de opinión, los institutos o servicios cartográficos y los órganos de defensa de la competencia, entre otros.

Asimismo, otras medidas pretenden mejorar la eficacia y eficiencia mediante la compartición de medios entre las distintas administraciones, que van desde las oficinas en el exterior hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o de gestión de centros educativos.

La Cora remarca que revisten especial importancia las reformas en materia de contratación, en la medida en que, además de incrementar la eficiencia, suponen una importante mejora del servicio que se presta a los ciudadanos y a las empresas. Aunque su impacto económico no es excesivo, la Cora se plantea la conveniencia de analizar los observatorios existentes y recomienda suprimir 90 de ellos.