Hacienda negocia con los municipios tirar del superávit

Los ayuntamientos son la parte de la Administración que mejor ha gestionado sus cuentas tras la anterior crisis económica, pero la que menor margen de movimiento tiene con ese dinero ahorrado en los últimos años para hacer frente a una nueva crisis, la derivada del coronavirus. Los consistorios necesitan el permiso del Estado para disponer de esos ahorros y destinarlo a todo tipo de políticas sociales, empresariales o de apoyo a la reconstrucción en las más de 8.000 localidades repartidas por toda España. Por eso, el Ministerio de Hacienda está negociando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) «la fórmula» más correcta para que los municipios puedan hacer uso de ese dinero.

Así lo reconoció ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. «Estamos en comunicación con la FEMP», aclaró, aunque no quiso dar pistas sobre el momento en el que alcanzarán ese posible acuerdo. En cualquier caso, Montero recordó que el Ejecutivo ya ha autorizado el uso de 300 millones para políticas sociales sin que compute en la regla de gasto. Lo hizo en marzo, cuando el Ejecutivo decretó el estado de alarma, aunque Hacienda impuso algunas restricciones para que ese dinero no se gastara en cualquier partida, fuera o no relacionada con la crisis actual.

Esa normativa, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es el corsé con el que se encuentran los ayuntamientos para hacer frente a una situación económica tan grave como la actual. La norma les obligó a cerrar en superávit desde el año 2013 y esa misma disposición les impide gastar parte de lo ahorrado, aunque lo necesiten. Solo en 2019, los consistorios cerraron con un saldo positivo de sus cuentas públicas de 3.839 millones de euros. A lo largo de los últimos años han generado un remanente de unos 28.000 millones, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que se encuentran guardados en las cuentas bancarias.

Las entidades locales consideran que son ellas las que deben «gestionar y decidir cómo aplicar» los excedentes en las actuales circunstancias para luchar contra el coronavirus, así como «para reactivar la actividad económica e impulsar el bienestar social». La FEMP considera que deben ayudar a «sectores vitales» como el pequeño comercio, sectores de proximidad, pymes o autónomos, así como para políticas activas de empleo y rescate de personas vulnerables.

Además, los ayuntamientos recuerdan a Hacienda que verán reducir «notablemente» sus ingresos en los próximos meses, porque las circunstancias de la crisis afectan a servicios como el transporte urbano, y al cobro de tasas e impuestos como el IBI, el de circulación (IVTM), el de Actividades Económicas, la plusvalía inmobiliaria o las zonas de aparcamiento regulado. Esta sangría de ingresos «retrasará previsiblemente su calendario de pagos», apuntan.