Martínez Núñez vendió a De Cabo sus hoteles gallegos por tres euros
Imagen de archivo del Gran Hotel de Lugo.
¿Se puede comprar un hotel por un euro? Se puede, aunque una operación de este tipo debería de levantar algunas sospechas. Eso fue lo que debió pensar el juez José Antonio Vázquez Taín cuando el empresario leonés Martínez Núñez fijó en solo un euro el precio de cada uno de sus tres hoteles de Galicia —Santiago, Ourense y Lugo— para vendérselos a Ángel de Cabo.
Los antecedentes del comprador tampoco ayudaron a que el negocio pasase desapercibido, dado que a este empresario lo apodan el liquidador porque su especialidad es adquirir empresas con problemas para hacer negocio cerrándolas.
El magistrado cree que la operación realmente buscaba poner a salvo de acreedores y de Hacienda buena parte de los más de 25 millones de euros en activos que tenían los hoteles, de forma que no quedase nada cuando las sociedades presentasen el concurso de acreedores.
Por eso el juez de Santiago ha detenido a las quince personas que han desfilando por la capital jacobea desde Coirós (La Coruña), pasadon por Ponferrada, Madrid y Valencia. Entre ellas a los hijos de José Martínez Núñez, José Luis y Maribel Martínez Parra y al propio Ángel de Cabo, que ya estaba en prisión por la liquidación de las empresas Marsans y Nueva Rumasa, en las que se habría seguido un procedimiento similar al de la venta de los grandes hoteles de Santiago, Ourense y Lugo. Les imputa insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
«Una organización dedicada a captar empresas en dificultades». Así definió el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco al entramado de sociedades creado por Ángel de Cabo en el auto por el que envió a la cárcel al citado empresario valenciano y a Gerardo Díaz Ferrán, que habían pactado la compraventa de las empresas del grupo Marsans, hasta que los investigadores descubrieron las intenciones de ambos y que, según la Audiencia Nacional, no eran otras que enriquecerse a cuenta del vaciado de las empresas dejando a los acreedores y empleados sin posibilidad de recuperar nada, porque nada había.
Los investigadores constataron que De Cabo disponía de una organización formada por un entramado de sociedades y testaferros que le servían para hacer desaparecer el patrimonio de las empresas de las que se hacía cargo y prometía reflotar mediante un acuerdo con sus anteriores dueños.
Como explicaba gráficamente un experto en este tipo de operaciones, Ángel de Cabo, encarcelado en Soto del Real desde diciembre, «se hacía con toda la carne hasta que dejaba solo el hueso». Y así quedaban las empresas. En la quiebra, sin posibilidad de que los acreedores pudiesen recuperar su dinero. Los investigadores que dirige el juez Taín tienen claro que De Cabo usó el mismo sistema con el grupo Martínez Núñez.