El PSOE exige la retirada del decreto de titulaciones y llama a un gran pacto
El decreto de ordenación del mapa de titulaciones universitarias (grados y máster) en Castilla y León no satisface las expectativas del Grupo Socialista, que ha pedido al Gobierno regional su retirada y propuesto, a cambio, la formulación de «un gran acuerdo» en apoyo de la universidad y la investigación.
La propuesta de reforma, aprobada ayer en el seno del Consejo de Universidades y que ha explicado esta mañana en las Cortes regionales el consejero de Educación, Juan José Mateos, no agrada al PSOE porque la reordenación de titulaciones «no es el único problema» que tienen las universidades públicas de Castilla y León.
«Eso es pervertir la realidad y a ello no estamos dispuestos», ha explicado Pablos al consejero durante la comparecencia de éste en la comisión de Educación, antes de proponer un pacto «que pare los recortes en financiación del personal y los programas de investigación».
Que impulse los programas de becas y ayudas al estudio, «deteriorados muy gravemente» en los últimos años, «y que se comprometa con nuestros científicos», ha añadido acerca de una entente «que debe buscarse con las universidades y los agentes económicos y sociales», ha precisado.
El pacto, ha continuado el representante socialista, también trataría de evitar que las universidades públicas «se dediquen a buscar exclusivamente su supervivencia económica», así como para lograr que se conviertan «en motor de un desarrollo de futuro de la comunidad autónoma basado en la innovación, desarrollo e innovación».
Para Pablos, durante los últimos meses «se han estigmatizado diferentes titulaciones» y puesto en entredicho, «en un momento de amplia competencia» la capacidad de las universidades para captar estudiantes de nuevo ingreso.
Si algún grado o máster deja de existir, ha añadido en lo relativo a las supresiones, «tan sólo conseguirán disminuir de ingresos las maltrechas arcas de las universidades públicas e incrementar las cuentas de resultados de algunas privadas», ha lamentado.
«Queremos un gran acuerdo para dar certidumbre a profesores, investigadores, estudiantes y personal de administración y servicios», pero para ello, ha concluido, la Junta «debe aparcar una propuesta de decreto que no tienen ninguna virtualidad y sí muchísimos riesgos para el futuro cercano de nuestras universidades».
En nombre del Grupo Mixto, el único parlamentario de la UPL, Alejandro Valderas, ha discutido la naturaleza de un decreto que en su opinión ha sido elaborado de una forma «secreta o discreta», sin la participación de partidos políticos, sindicatos, grupos parlamentarios ni resto de la sociedad: «esto no era lo esperado», ha criticado.
En cualquier caso, una vez conocido su contenido, Valderas considera que la reordenación «no resuelve problemas ni ahora ni para el futuro».
Ha expresado también el temor de que los campus exteriores de las universidades (casos de Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Ponferrada -León- y Béjar -Salamanca-) se vean capitidisminuidos con la anunciada supresión de grados y máster que, sin ser esenciales, de referencia en un territorio o de interés general para la comunidad autónoma, no cumplan el mínimo de matrículas exigidas para su supervivencia.
Ha intervenido también en el debate la procuradora del Grupo Popular Isabel Blanco para respaldar en todo momento el trabajo realizado desde hace meses por los rectores y la Junta de Castilla y León, fraguado en un decreto que, en su opinión, contribuirá a incrementar la calidad de una enseñanza superior actualmente desprestigiada.
Blanco ha elogiado también el consenso que ha hecho posible esta reordenación.