El proceso judicial
El Supremo verá 16 querellas contra la gestión de la pandemia del Gobierno
Las denuncias parten de funcionarios, médicos, partidos políticos o particulares
Traslado de un paciente en silla de ruedas.
El Tribunal Supremo ha registrado en las últimas semanas 16 querellas o denuncias contra el presidente del Gobierno y diversos ministros y altos cargos por su presunta responsabilidad penal en la gestión de la crisis sanitaria. Nunca antes la Sala Segunda, presidida por Manuel Marchena, había recibido tal avalancha de acciones penales en un periodo tan corto de tiempo por un hecho concreto. Una circunstancia que obligará a los magistrados del Supremo a ponerse manos a la obra cuando la actividad judicial se normalice para dar respuesta a los denunciantes. Desde la Fiscalía del Supremo tampoco se ha movido ficha hasta que no se recupere la actividad .
El primero en abrir la vía penal contra el Gobierno fue un abogado. A finales de marzo Víctor Valladares acudió al Supremo (competente por la condición de aforados de los miembros del ejecutivo) para denunciar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de prevaricación y/o lesiones por imprudencia profesional por permitir la Delegación del Gobierno la manifestación en Madrid del Día de la Mujer del 8 de marzo. Otro abogado, Raúl Castañeda, fundador del despacho Preico Jurídico, registró una denuncia contra Sánchez por los mismos hechos y su colega de profesión Luis Alberto Pardo registró una tercera denuncia en la que expone la posible comisión de un delito de daños por imprudencia. A principios de abril llegó al Supremo una denuncia de una plataforma de nuevo cuño creada al calor de la crisis sanitaria.
Los afectados por la Covid-19, bajo la batuta de Carmen Balfagón, exdirectora del Imserso y vinculada a Vox, denunció a Grande-Marlaska y Salvador IIIa por su responsabilidad en la gestión.
Protección
El Csif presentó una querella contra Salvador IIIa, ampliada esta semana, por la falta de protección del personal sanitario para luchar contra el coronavirus. Se trata del colectivo con mayor número de infectados y el sindicato atribuye al ministro delitos de homicidio imprudente, lesiones y contra los trabajadores por infringir las normas de prevención de riesgos. Vox y guardias civiles La falta de protección individual y el fallecimiento de cuatro agentres llevó a la minoritaria Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) a querellarse a principios de abril contra IIIa y Grande-Marlaska, respectivamente, por delitos similares a los del Csif. Tras la Semana Santa, la Asociación de Abogados Cristianos presentó acciones penales contra el Gobierno tras la decisión de la Policía Nacional de desalojar a una veintena de feligreses de la catedral de Granada durante la misa de Viernes Santo. Un colectivo de la Policía Municipal de Madrid también se querelló contra Sánchez e IIIa por estos hechos y el despacho del abogado de Antonio Cortés se dirigió contra el presidente por vulneración de derechos fundamentales por el estado de alarma.
Vox también respalda la ofensiva judicial por delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y contra los trabajadores.
El Consejo General del Colegio de Enfermería, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos o la Asociación de Médicos Titulados Superiores han presentado denuncias por delito contra la seguridad de los trabajadores.
Una familia de Huelva pide responsabilidades penales al presidente del Gobierno y cuatro ministros por el fallecimiento de un marinero jubilado de 79 años por la Covid-19.