La urgencia de un nuevo modelo de rentas mínimas contra la desigualdad

«Estamos a las puertas de una sociedad inevitablemente poslaboral, que precisará de propuestas innovadoras porque la integración social no se basará, al menos exclusivamente, en la integración laboral. Hacer viables los sistemas de rentas mínimas y sostener la cohesión son apuestas de futuro que deben alentar ideológicamente la sustitución de la idea de gasto social por la de inversión en sociedad». 

Es una de las conclusiones de uno de los más amplios estudios realizados recientemente sobre las rentas mínimas y su relación con la pobreza, la exclusión y los colectivos vulnerables tras la Gran Recesión y la recuperación. Desde Funcas se ha analizado la repercusión de los rápidos cambios sociales y económicos, que han modificado la estructura de protección familiar que tradicionalmente sostenía las dificultades de parte de sus miembros. Un sistema que se puso en evidencia en la recesión, cuando muchos pensionistas fueron el sostén de sus familias, pero que necesita ser replanteado. «La combinación de estados sociales débiles y familias más pequeñas y sobrecargadas no protege eficazmente contra el riesgo de pobreza». 

Generalmente se considera en riesgo de pobreza a personas con ingresos por debajo del 60% de la renta disponible,y las transferencias sociales monetarias han tenido un importante papel para reducir este riesgo, sobre todo asociado a los subsidios de desempleo. Sin embargo, la prolongación e incluso cronificación de las situaciones de paro ha convertido el riesgo de pobreza en una situación persistente para una buena parte de la población. 

Han sido las autonomías, que  tienen transferidas estas competencias sociales, las que han abordado la creación de las garantías de ingresos mínimos; aunque eso ha dado lugar a prestaciones muy dispares en cuantías y condiciones de acceso. Son además prestaciones que se han centrado tanto en la dotación económica como en la inserción laboral. 

Los expertos consideran que le hecho de que haya un tejido de prestaciones autonómicas no impide a la Seguridad Social complementar las transferencias para cumplir el mandato constitucional de garantizar una prestación social suficiente a todos los ciudadanos ante una situación de necesidad. 

LAGUNAS DEL SISTEMA

En los últimos años el creciente número de hogares en situación de pobreza ha evidenciado las lagunas del sistema, que tampoco ha avanzado tanto por el bloqueo político como por el escenario de austeridad del gasto público. Bloqueo frente a la urgencia sobre todo de los hogares con menores en situación de pobreza, o el creciente grupo de pobreza laboral. 

El informe advierte sobre la «extensión de formas de empleo parciales, que hace crecer el número de personas con ingresos muy bajos, pero que no pueden considerarse desempleadas, así que no tienen acceso al desempleo asistencial y tampoco a algunas rentas mínimas. 

Funcas destaca el esfuerzo realizado por varias autonomías para adaptar su modelo a «las lógicas de la relación con el mercado de trabajo, para compatibilizar las ayudas». Aunque problemas como la incertidumbre sobre la financiación autonómica limitan su capacidad de establecer estas políticas. 

MINIEMPLEO

El informe señala que «se impone avanzar en fórmulas que reconozcan el miniempleo que se está extendiendo, y le dé respuesta mediante rentas mínimas compatibles, incentivadoras del empleo o como complemento salarial». Y que tengan en cuenta también factores como el creciente coste de la vivienda en determinados territorios. 

Frente a las teorías de quienes consideran que este tipo de ayudas sociales desincentiva la búsqueda de empleo, el estudio indica que las políticas de rentas mínimas generarán un «círculo virtuoso», de forma que se mejoran las variables psicosociales de los afectados y la mejora de las condiciones materiales revierte positivamente en la incorporación al mercado laboral. 

«Los efectos de estas prestaciones sobre la disminución del riesgo de pobreza son muy importantes. Y los supuestos efectos negativos en la inserción laboral son relativamente pequeños. Así que el debate debe centrarse en la capacidad de los países y las autonomías para mantenerlos».