El decano afirma que el sexto Juzgado de Instrucción es «inexcusable»

El máximo responsable del Colegio de Abogados de León, Juan González Palacios, exigió ayer al Gobierno la puesta en marcha del sexto Juzgado de Instrucción en Ponferrada. El decano afirmó que las salas están colapsadas, lo que imposibilita el desarrollo de los procedimientos debido a la sobrecarga de trabajo para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. De esta manera, Juan González Palacios contradice las afirmaciones realizadas la semana pasada por el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Prada en su visita a la Cooperativa de Camponaraya. Por su parte, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, que ayer visitó la capital del Bierzo para apadrinar a los nuevos letrados que se incorporaron al Colegio, denunció que con el actual sistema de formación de la Abogacía no se respeta el derecho a la libertad de los ciudadanos y afirmó que supone una quiebra del Estado de Derecho en la Defensa. Además, señaló que resulta paradójico que el Estado, para defenderse, dé la mejor formación posible a los letrados encargados de su propia defensa mientras que se despreocupa de la de los ciudadanos. Carnicer explicó que la razón de esta despreocupación se basa en la ausencia de sensibilidad suficiente de la clase gobernante para con el ejercicio de la Abogacía y denunció que, «por desgracia», la Justicia ni quita ni da votos. «A la Justicia no se le dedican más de cuatro líneas en la mayoría de los programas electorales», lamentó. A este respecto, el presidente del CGAE exigió un sistema que garantizara la formación de los abogados y, en este sentido, puso como ejemplo, el modelo alemán, donde todas las formaciones jurídicas reciben la misma formación y, tras un examen deciden la especialidad que seguirán. «De esta manera, se garantiza el principio de igualdad», dijo. En cuanto a la nueva ley de juicios rápidos que el Gobierno aprobará el próximo 28 de abril, Carnicer abogó por una acción más radical. «En los juicios de faltas todo debería ser mucho más rápido, y no tendría que haber burocracia», explicó. Asimismo, garantizó que la Abogacía no regateará ningún esfuerzo para ayudar a la materialización de la nueva legislación, aunque lamentó que no se haya contado con la opinión de todos los estamentos implicados en su desarrollo. «La verdad es que en España se sigue legislando a golpe de intuición», declaró.